En este año, además del incremento de asesinatos por violencia de género que no logran tener una respuesta institucional acorde a la dimensión del problema, las situaciones de niñas pobres embarazadas por abuso y explotación sexual nos interpela como sociedad en varios planos. Preocupa que las niñas y adolescentes abusadas y explotadas sexualmente no tengan desde sus entornos familiares, comunitarios, institucionales y mediáticos la protección y el cuidado que requieren. Las respuestas obtenidas han sido bajo un paradigma tutelar, donde sus derechos fueron vulnerados una y otra vez, y donde el destino es ser madres y quedar institucionalizadas.
La semana pasada volvió a ser noticia la explotación sexual comercial en Rivera, luego de que se registrara al menos un embarazo adolescente como consecuencia de los abusos sufridos. También volvió a los titulares el caso de la niña de 12 años violada por un hombre de 41, embarazada de 7 meses, que permanece internada en un centro del sistema de protección del INAU. Algunas coberturas periodísticas violan la privacidad de estas niñas, insisten en llamar “prostitución infantil” o “ejercicio del meretricio” a lo que es explotación sexual y reifican el rol materno como su único destino, con afirmaciones del personal profesional involucrado del tenor que la niña «quiere ser madre», o noticias que expresan que el embarazo fue “buscado”, que la niña “quiere casarse” y que «el interés de la menor está centrado en mantener su relación como pareja».
Seguir nombrando a niñas, niños y adolescentes como “menores” no hace más que reforzar el viejo paradigma tutelar en el que aquellas personas con menos de 18 años de edad son consideradas “objetos de medidas especiales” en lugar de sujetos de derechos. Lo que requieren es un entorno continentador que les acompañe en su socialización y les asegure posibilidades reales de llevar adelante diversos proyectos de vida.
Pero particularmente, para aquellas niñas que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad, cuando quedan embarazadas producto de violaciones reiteradas, la respuesta estatal sigue siendo parir y quedar internadas. El único «derecho» que se les «respeta» es el de ser madres aunque todas las partes involucradas en el problema sepan que eso sólo volverá a reproducir el ciclo de la vulneración, la dependencia y la exclusión social para ellas y su progenie. Hoy existe una diferencia de 7 años en el nacimiento del primer hijo entre mujeres con nivel educativo terciario y aquellas que tienen menos de 9 años de educación, quienes no sólo no retrasaron sino que adelantaron la edad de inicio de la maternidad.
¿Dónde queda velar por el interés superior de estas niñas? La única alternativa brindada por las instituciones estatales que deben garantizar el cumplimiento de sus derechos contemplados en el Código de la Niñez y Adolescencia es reforzar el modelo de mujer-madre como único destino para ellas. Habiendo aprobado leyes donde la educación sexual y los servicios de sexual y reproductiva fueron reconocidos como derechos e incorporados a las políticas públicas, Uruguay debería darles otra respuesta y procurarles otra calidad de vida. Volvemos a reafirmar que el cambio normativo aún no ha logrado plasmarse en un cambio de paradigma que garantice el respeto a la vida y los derechos de las mujeres de todas las edades y condiciones. La maternidad impuesta, violenta y deshumanizada sigue siendo una profecía autocumplida para muchas de estas niñas.
Mujer y Salud en Uruguay – MYSU