Comunicado a la opinión pública – MYSU
Reclamo del Movimiento por la Salud de las Mujeres que comienza a ser escuchado, pero…
Después de muchos años denunciando el elevado índice de cesáreas en Uruguay –muy por encima de los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) –, nos congratulamos de que este problema comience a ser abordado desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) como uno de los 15 problemas críticos priorizados dentro de los Objetivos Sanitarios Nacionales a 2020.
Se han hecho públicos los comentarios de la Dra. Susana Muñiz desde ASSE denunciando los intereses económicos como causa del mayor número de cesáreas en el sector mutual. También las voces de ginecólogos proponiendo impulsar el “marketing del parto” como forma de revertir la situación. Por supuesto que ninguna de las destinatarias del procedimiento ha sido entrevistada, cuando en realidad el centro de la atención debería estar en las mujeres y sus decisiones reproductivas.
Desde Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) queremos contribuir a este debate con la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, y desde el abordaje integral y de calidad de la salud sexual y reproductiva como una dimensión imprescindible de la política de salud en el país que venimos exigiendo desde hace años junto a otras organizaciones sociales.
Según OMS, la cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas más habituales en todo el mundo, y su frecuencia sigue aumentando sobre todo en países de ingresos altos y medios. Aunque permite salvar vidas humanas, a menudo se practica sin que existan indicaciones clínicas, lo cual pone a las mujeres y a sus bebés en riesgo de sufrir problemas de salud a corto y a largo plazo. En 2015, la OMS destacó lo importante que es centrarse en las necesidades de las mujeres que van a parir, caso por caso, y desalentó el establecimiento de “metas” con respecto a la tasa de cesáreas.
La recomendación de la institución mundial referente en salud es que la tasa de cesáreas debería estar entre el 10% y 15% del total de partos y sólo realizarse cuando las condiciones de la mujer y del feto así lo requieran. Sin embargo, desde el Observatorio de MYSU hemos detectado en el monitoreo de los servicios de salud del litoral del país que los índices de cesáreas oscilan entre el 20% y 40% para los prestadores públicos y entre el 30% y 50% en las instituciones mutuales.
Por su parte, el MSP ha registrado que en los últimos tres años se mantiene un promedio de 44% de cesáreas, con un pico de 55% en el sector mutual de Montevideo y un promedio de 33% en el sector público tanto del interior como de la capital.
El MSP aspira a reducir en cinco años a un 10% el número de cesáreas sobre el total de los partos, lo que no deja también de generar preocupaciones porque las decisiones y la salud de las mujeres no pueden estar condicionadas por metas políticas, aunque haya buenas intenciones detrás de ellas.
El cuerpo médico de ginecólogos de este país, sin dudas, es parte del problema y también –obviamente– debe ser parte de la solución, aunque no son los únicos profesionales del equipo de salud que deberían jugar un rol crucial en este proceso de cambio. Es más: para la promoción de un parto humanizado, respetuoso de la dignidad y los derechos de las mujeres, las parteras deberían jugar un rol primordial. Así como el MSP debería asegurar las garantías de una atención integral centrada en las necesidades y requerimientos de cada mujer en su proceso reproductivo.
El parto a elección (a través del cual la parturienta debe pagarle al médico tratante su presencia durante el parto), el número mayor de cesáreas en el sector mutual que en el público, la medicalización del cuerpo y la salud de las mujeres, el control médico sobre las decisiones reproductivas, el poder médico y las relaciones inequitativas de poder con el que una usuaria del sistema debe lidiar a la hora de llegar al momento del parto, junto con la alta dosis de violencia obstétrica que se registra en el relato de las mujeres, son algunos de los problemas que deberá enfrentar el MSP y el Sistema de salud de este país si es que quiere efectivamente mejorar las condiciones en que las mujeres parimos.
Mercantilizar el parto, cambiando el acto médico por cesárea por acto médico por anestesia obstétrica o epidural para lidiar con el dolor del parto, no es una medida que atienda los derechos de las mujeres sino que abona, nuevamente, los intereses económicos de la corporación anestésico-quirúrgica en conjunción con la práctica de la ginecología basada en el interés marketinero.
Preferimos hablar de promoción de la salud, de respeto a los derechos de las mujeres, de superación de prácticas iatrogénicas, de reducción de la medicalización del cuerpo, de formación de nuevas generaciones de profesionales que piensen más en la salud como un derecho y no como un bien de consumo. De lo contrario, podrán alcanzarse algunas metas sanitarias pero no mejorar la atención de las mujeres en su derecho pleno a la salud y a las decisiones reproductivas.
Mujer y Salud en Uruguay
Montevideo, 19 de enero 2015