Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, definido en el V Encuentro Internacional de Mujer y Salud realizado en 1987 en Costa Rica. Desde entonces la Red por la Salud de las Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, con sus enlaces nacionales, ha impulsado iniciativas y acciones en procura de superar la morbi-mortalidad de mujeres por causas evitables producto de las desigualdades de género, etnia y clase. Este día constituye una instancia de movilización, reflexión y reivindicación de los derechos de las mujeres y de la necesidad de garantizar el acceso universal, integral y equitativo a la salud. Es, sobre todo, un recordatorio político y social de que la salud es un derecho humano fundamental, y que la salud sexual y reproductiva forma parte inseparable del mismo junto con la defensa de la autonomía, capacidad de decisión y libertad para adoptar diversos proyectos de vida.

La lucha de los movimientos feministas y de mujeres, desde la más amplia diversidad, ha sido por reconocimiento, respeto y garantías de los Estados sobre la decisión personal sobre cómo ejercer la sexualidad y decidir sobre múltiples formas de pareja y de familia. Desde ese paradigma se bregó por acuerdos, normas y políticas públicas que superen la visión funcional y reduccionista de la mujer como madre limitada a su rol reproductivo. La ciudadanía plena y la igualdad de oportunidades y condiciones para erradicar la desigualdad de género y los mecanismos de opresión que la generan, es la razón y también el cometido de este proceso emancipatorio impulsado por el/los feminismo/s. 

En ese trayecto acuñar los derechos sexuales y reproductivos (DSR) como dimensión de la vulneración y avasallamiento histórico del sistema de dominación ha sido eje principal de la acción. Los cuerpos que reproducen y el sexo como industria de explotación y comercialización son objeto de violencias, abusos y actos de perversión de un poder político y económico que, en el siglo XXI, ha quedado expuesto en su máximo nivel a través de los Archivos Epstein y en la acción belicista y genocida por el control del mundo. 

Desde la acción internacionalista en las Conferencias de Naciones Unidas de la década de los 90 y en sus revisiones posteriores hubo avances y se registraron cambios importantes hacia la igualdad y el desarrollo sustentable. Pero también se incrementaron los ataques a esta agenda desde una contraofensiva a los avances logrados que con reacción furibunda de sus expresiones más fanáticas, niegan la violencia de género, están contra de la legalización del aborto, no admiten la diversidad sexual, atacan a la población trans y, sin reparos, despliegan sus discursos racistas, machistas, antidemocráticos y xenófobos. Para este conjunto de fuerzas el campo de los DSR es uno de sus objetivos de ataque, como parte de un esfuerzo de debilitamiento de la institucionalidad democrática.Allí donde avanzan estas fuerzas ultra conservadoras, la autonomía de las mujeres, la libertad de las identidades y expresiones de género, la educación (en particular la educación sexual), la protección social, el acceso a servicios y las garantías básicas de convivencia entran en riesgo agravándose la injusticia social y la limitación de movilización y condiciones de vida digna de las amplias mayorías.

La crisis económica que enfrenta el planeta ante el incremento de los conflictos armados y la política de imposición del más fuerte, está generando restricciones fiscales y ajustes presupuestales que debilitan las políticas de salud, cuidados y protección social. En esas condiciones las opciones son:  fortalecer la presencia del Estado con acción articulada a lo largo y ancho de su territorio, para redistribuir recursos y reducir la brecha cada vez más aguda de las múltiples formas de desigualdad; o seguir el camino de la regulación de un mercado que profundiza e incrementa las inequidades, condicionando el acceso a bienes y servicios a la capacidad de pago. 

Países como Uruguay, que en esta Administración se ha propuesto priorizar la atención y los esfuerzos presupuestales en planes y programas coordinados que atiendan las urgencias en los sectores más vulnerados y en riesgo, se deben desplegar intervenciones integrales que incluyan los aportes de la sociedad civil organizada que ha sido actor fundamental en la construcción de los mejores avances que el país ha registrado.

Entre esas urgencias está la de atender integralmente la salud sexual y reproductiva porque no hacerlo tiene consecuencias graves como se comprobó en el país y la región durante los años de pandemia por COVID-19. Es necesario aprender de las mejores prácticas registradas a nivel regional e internacional, para impulsar y mejorar la respuesta ante las necesidades que enfrentan niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres de todas las edades y condiciones.

La política con perspectiva de género y derechos debe ser prioritaria, la omisión o desatención genera graves consecuencias que, la evidencia demuestra, recae de manera diferenciada y de forma desproporcionada sobre las mujeres en todos los sectores y ámbitos de la sociedad e impactan de manera intolerable sobre quienes están viviendo en mayor vulnerabilidad. 

Cuando el contexto lo permite es imprescindible avanzar, en particular, cuando se tiene el compromiso político, institucional y presupuestal de combatir la pobreza, atacar la desigualdad y respetar los DDHH como acción central de una agenda democrática y de justicia social. 

Uruguay ha desarrollado un marco legal en las últimas dos décadas en la denominada nueva agenda de derechos, impulsando y profundizando el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos así como transitando por una implementación efectiva de políticas públicas con resultados positivos. Pero estos logros aún son insuficientes y se debilitaron ante los intentos de retroceso. Hay problemas identificados y se requiere superar barreras y continuar avanzando sobre lo logrado.

Situaciones como la baja fecundidad y la migración, que se registran en el país y en el mundo, no pueden ser discutidas con una mentalidad pre/conferencia de Población y Desarrollo realizada en 1994 en El Cairo, porque sería desconocer el importante cambio de paradigma que significó superar los abordajes meramente demográficos y economicistas de las políticas de población dominantes hasta ese entonces. Políticas que habían hecho de la población pobre el objeto de controles antinatalistas que avasallaron, en particular, a la afrodescendiente y de pueblos originarios. Poner en el centro del desarrollo a las personas, reconocer que los derechos les son inherentes, asumir que los Estados son los responsables de reconocer, respetar y asegurarlos ha sido el gran cambio de dirección de los acuerdos y tratados multilaterales de las Naciones Unidas, que aunque estén tan vulnerados, son la herramienta de exigibilidad que tenemos como ciudadanía. 

La discusión sobre fecundidad debe incorporar necesariamente otras dimensiones estructurales: las desigualdades de género, las dificultades de acceso a vivienda, empleo y autonomía económica, y, especialmente, la crisis de los cuidados. Las mujeres como sujeto político hemos conquistado el derecho a tener derechos. Eso sólo puede negarse si se actúa de forma autoritaria y violenta imponiendo el poder del más fuerte. 

Por lo tanto, las respuestas del Estado deben construirse desde modelos de inclusión e igualdad que superen el rol subordinado de las mujeres a funciones reproductivas y de segregación por la  división sexual del trabajo. La propuesta es ir hacia una SOCIEDAD DEL CUIDADO que supere el modelo competitivo, consumista, individualista y meritocrático que solo agudiza la polarización, alimenta la ley del más fuerte y pone en riesgo a la sociedad y a la vida en el planeta. 

En un contexto de riesgos, de miedos y de incertidumbre, apelar a los mejores acuerdos alcanzados, defender la gobernabilidad, la justicia y apostar a la solidaridad, la soberanía de personas y de Estados y a las vías pacíficas de resolución de los conflictos procurando mejores condiciones de vida para las amplias mayorías, es la alternativa a la que desde MYSU apostamos junto a otros múltiples actores sociales, académicos y políticos. 

Este 28 de mayo convocamos a renovar este compromiso colectivo con una agenda de derechos que necesita avanzar porque otro mundo es posible. 

MYSU / 

28 DE MAYO 2026. 

¿Querés conocer más sobre al historia del 28M?

+

El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres se celebra cada 28 de mayo desde que fue instituido en 1987 en el marco del V Encuentro Internacional sobre Mujer y Salud, celebrado en San José, Costa Rica. En aquella instancia fundacional, más de 100 organizaciones de 45 países se articularon bajo la propuesta formal de la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y del Caribe (RSMLAC) para denunciar la exclusión de las mujeres en el diseño de los programas de control de natalidad, la excesiva medicalización de sus cuerpos y el histórico abandono estatal de sus necesidades específicas. Desde su origen, el cometido primordial de esta fecha ha sido reafirmar la salud como un derecho humano fundamental, el cual debe ser garantizado por los Estados sin restricciones ideológicas, políticas o de género durante todo el ciclo vital. Durante sus primeros diez años, la campaña concentró sus esfuerzos en denunciar la morbimortalidad materna, conceptualizándola como una dimensión ineludible de la injusticia social y la desigualdad estructural. Hoy, las reivindicaciones se han profundizado para visibilizar y exigir respuestas integrales frente a desafíos vigentes que incluyen el acceso al aborto legal y seguro, la prevención y erradicación de la violencia obstétrica y de género, el acceso democrático a anticonceptivos y el abordaje de la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos. Este proceso de exigibilidad ha consolidado un potente alcance regional e internacional. En América Latina, la persistencia de la RSMLAC ha permitido que las demandas impacten en acuerdos clave para las políticas públicas, tales como el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013), impulsando a países como Uruguay a consolidar marcos legales de vanguardia que hoy sirven de referencia regional en salud sexual y reproductiva. A nivel global, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (WGNRR) lidera actualmente una campaña que ha sido reconocida tanto por agencias internacionales como la OPS/OMS como por diversos gobiernos —siendo Sudáfrica un hito en 1999—, transformando esta jornada en una plataforma indispensable para redoblar esfuerzos en la protección de la salud integral de las mujeres en todo el mundo.

Links de interés – conocé más sobre DSR

+

[Folleto] Los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Qué se necesita para ejercerlos? [3era edición] [Artículo Observatorio] ¿Cuánto cuesta el aborto legal en Uruguay? [Informe Observatorio] Derechos sexuales y reproductivos. Una mirada al sistema de justicia uruguayo. [Informe Observatorio] Iniciativa Regional sobre Criminalización del Aborto – Informe Nacional Uruguay. [Artículo Observatorio] Derechos sexuales y reproductivos en cifras. Balance de situación y recomendaciones para el período 2025-2029. Uruguay.