En varios países se han llevado acabo procesos de cambio de legislación sobre interrupción del embarazo, todos los Estado de América Latina se han comprometido a garantizar el acceso a servicios de salud de calidad como condición necesaria para la reducción de la mortalidad y morbilidad materna y ese si es un compromiso común de todos los Estados latinoamericanos, la mayoría de países han asumido compromisos relacionados con la salud sexual y la salud reproductiva tanto en la conferencia del Cairo, en las conferencia de Cairo más cinco, Cairo más diez, recientemente el año pasado en la conferencia en Uruguay, donde se reafirmó este compromiso a través del histórico Consenso de Montevideo.

En el 2010 el consenso de Brasilia estableció un compromiso de los Estados, para revisar las leyes que prevén medidas punitivas a las mujeres que se hayan sometido a abortos y garantizar la interrupción del embarazo en condiciones seguras en los casos que la ley lo autoriza, este también fue un compromiso establecido por los Estados Latinoamericanos, sin embargo nos seguimos enfrentando medidas que sancionan a las mujeres que se han sometido a abortos y seguimos enfrentando la vulneración de Derechos Humanos de las mujeres.

Ante este contexto como campaña 28 de septiembre, queremos lograr que la sociedad en especial los decidores de políticas entiendan que la penalización está condenando a las mujeres que tienen mayores dificultades para ejercicio de sus derechos (por no tener acceso a educación, información, atención de salud, recursos económicos, recursos institucionales) a poner en riesgo sus vidas.

La prohibición del aborto es parte de las prácticas que tratan de controlar la sexualidad de las personas. Quienes penalizan el aborto consideran que el ejercicio de la sexualidad es sólo para la reproducción, además consideran que la reproducción no es un acto humano sino es la consecuencia de un mandato divino en el cual las personas humanas no pueden intervenir. Desde hace varias décadas el avance de la ciencia permite realizar una interrupción del embarazo en condiciones seguras para la mujer.

La clase política en nuestra región está fuertemente influenciada por las iglesias, particularmente por la católica que no sólo sanciona el aborto sino toda forma de control de la natalidad. La penalización del aborto está contribuyendo al aumento de embarazos no deseados y a la mortalidad de las mujeres sobre todo aquellas que no cuentan con recursos económicos y recursos institucionales.

Fragmento del Boletín de la Campaña 28 de setiembre