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Derechos y derechas

Publicado el 07/10/2009

Una reforma a la ley que rige la interrupción voluntaria del embarazo es centro de discusiones y protestas en España.

Sectores políticos y religiosos que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo advirtieron que España puede convertirse en un “foco de turismo abortivo”.

Ésa fue una de las reacciones ante el anuncio del gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de que aprobó una reforma a la ley que regula el aborto, que pasará a consideración del Congreso. La reforma que aprobó el Ejecutivo español establece que existe el derecho a interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación, siempre que la mujer tome esa decisión habiendo sido informada, tres días antes, acerca de las leyes que la protegen y la asistencia a la que puede acceder en caso de continuar gestando.

Esta Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo igualaría la norma española con la que rige en la mayoría de las legislaciones europeas, señaló el diario madrileño El País.

“Puestos a equiparar, el gobierno podría haber equiparado a España con el resto de Europa en políticas de apoyo a la natalidad y en ayudas para que las mujeres puedan ejercer su derecho a ser madres”, dijo Gádor Joya, la portavoz de la organización militante contra el aborto Derecho a Vivir, que reclamó ayer al gobierno que retire el proyecto de ley con el argumento de que este tema divide a los españoles.

El gobierno argumenta a favor del cambio que el marco legal vigente deja un margen de discrecionalidad que resta garantías a la mujer y al personal sanitario. Lo mismo señalan la plataforma Mujeres ante el Congreso, que reúne a decenas de organizaciones sociales, y la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo al reclamar cambios a la norma actual, el reconocimiento del derecho a interrumpir el embarazo, y garantías para quien decida hacerlo.

De aprobarse la iniciativa legal, habilitaría a interrumpir el embarazo dentro de las 22 primeras semanas de gestación siempre que dos especialistas certifiquen que existe riesgo para la salud de la mujer y anomalías graves en el feto. En casos de “malformaciones incompatibles con la vida” se habilita a practicar el aborto después de ese tiempo de gestación. La norma propuesta establece que existan castigos para el caso en que se practique un aborto sin esos requisitos, pero también dispone que no consistan en penas de prisión. Este proyecto sustituye a la actual legislación, que despenalizó el aborto en casos de violación y problemas graves de salud del embrión o de la mujer gestante.

Si la reforma legal entra en vigencia, además, a los 16 años la mujer alcanzará la mayoría de edad legal para decidir respecto de su embarazo sin informar a sus padres. De tiempos de la administración de José María Aznar, del conservador Partido Popular (PP), data una ley de 2002 llamada “de Autonomía del Paciente”, que estableció esa mayoría de edad para tomar decisiones en materia sanitaria, excepto para ensayos clínicos, reproducción asistida y aborto. Esta excepción es la que propone eliminar el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Marchas y contramarchas En el Congreso, la mayoría de los partidos están de acuerdo en que se necesita un cambio legal, aunque no todos coincidan con el propuesto, señaló El País. La excepción es el PP, que se opone a la iniciativa y en particular al punto que establece en 16 años la mayoría de edad.

Pero también hace otras consideraciones

El presidente de la Xunta de Galicia y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, opinó que el gobierno aprobó esta iniciativa en el mismo Consejo de Ministros en que votó una suba de impuestos con el objetivo de distraer la atención de los temas económicos.

“Haremos todo lo posible para que la ley del aborto no se apruebe”, dijo el 29 de setiembre la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. Desde entonces, la oposición conservadora busca objetar el camino burocrático recorrido por la iniciativa oficialista para rechazarla y mantener la normativa actual. Pero si lo lograra, el PP tendría aún pendiente su reclamo de incorporar restricciones a la legislación vigente para evitar “abusos”, algo que ese partido no hizo cuando fue gobierno.

Aunque el PP no exige prohibir el aborto, en forma extraoficial, muchos de sus militantes se sumarán el 17 a la protesta convocada por organizaciones abocadas a ese reclamo, señaló el diario madrileño.

Dos de las convocantes, Derecho a Vivir y Hazte Oír, acusaron al gobierno de reconocer a las mujeres un derecho “inexistente”, mientras que otro abanderado contra la interrupción del embarazo, el grupo Profesionales por la Ética, argumentó que “la vida humana es un devenir que comienza con la gestación y que finaliza con la muerte”, informó el diario ABC. Estas y otras organizaciones que defienden la misma posición convocaron a una protesta el 17 de octubre.

“La Iglesia no está sola, gracias a Dios, en la defensa de la vida humana inocente”, dijo el portavoz de los obispos católicos españoles, Juan Antonio Martínez Camino, quien llamó a participar en la protesta.

Sin embargo, no está claro si los obispos manifestarán en las calles esta vez, como sí lo hicieron en 2005 contra el matrimonio homosexual, informó la agencia de noticias Reuters. Consultado al respecto, Martínez contestó: “Ya veremos, cada uno tiene sus obligaciones y sus compromisos”.

Fuente: La Diaria