En el marco del 8M, MYSU advierte sobre la persistencia de la criminalización del aborto en Uruguay
Montevideo — En el marco del Día Internacional de las Mujeres, desde MYSU (Mujer y Salud en Uruguay) advertimos sobre las tensiones que persisten entre los avances normativos en materia de derechos sexuales y reproductivos y las prácticas del sistema judicial en el país.
A más de una década de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley N.º 18.987), 10.000 mujeres y personas con capacidad de gestar acceden cada año a servicios de aborto legal dentro del sistema de salud. Sin embargo, quienes no logran cumplir con los requisitos establecidos por la normativa —como los plazos gestacionales o ciertas condiciones administrativas— continúan expuestas a procesos penales.
A través del análisis realizado desde nuestro Observatorio en Género y Salud Sexual y Reproductiva, en el marco de la campaña regional Salud Sin Miedos, evidenciamos que aunque la persecución judicial por aborto es baja en términos numéricos, sus efectos recaen principalmente sobre mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica, profundizando desigualdades y reforzando estigmas sociales.
Asimismo, el informe publicado advierte sobre la persistencia de estereotipos de género en el tratamiento judicial de estos casos y la escasa incorporación de un enfoque de derechos sexuales y reproductivos en las decisiones y en la formación de los operadores del sistema de justicia.
Este 8 de marzo constituye una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos pendientes en materia de autonomía reproductiva y acceso efectivo a derechos. En este sentido, subrayamos la necesidad de avanzar hacia políticas públicas y marcos jurídicos que garanticen plenamente los derechos sexuales y reproductivos, evitando que las barreras de acceso al sistema de salud se traduzcan en procesos de criminalización.
El Estado debe garantizar y proteger a las mujeres y personas gestantes más vulnerables en su derecho a decidir sobre sus cuerpos. No más maternidad impuesta como un mandato forzado, que ignora los derechos fundamentales y perpetúa sesgos y estereotipos.
Por nuestra autonomía, por una salud sin miedos, ¡NO MÁS CÁRCEL POR ABORTAR!
