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Violación revela falta de asistencia ginecológica en Salto

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Una adolescente discapacitada que sufrió una violación tuvo que viajar desde Salto a Montevideo para que le practicaran un aborto. En el hospital de esa ciudad la ginecóloga resolvió no practicarle el aborto, apelando a la objeción de conciencia. La decisión de la ginecóloga es legal pero el hospital incumplió con las etapas de información y asesoramiento legal que manda la ley.

En base a este informe de Nausicaa Palomeque para “No toquen nada”

En Salto todos los ginecólogos se declararon objetores de conciencia cuando se aprobó la ley.

El incumplimiento de la ley se da, además, en un caso de una violación de una menor de edad con discapacidad intelectual severa. La adolescente fue derivada al hospital Pereira Rossell, donde le realizaron el aborto y el asesoramiento. Además, el caso se está investigando en la justicia por la violación.

Según la ley 18.987 que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas del embarazo, los ginecólogos tienen derecho a no practicar la intervención del aborto, pero sólo les permite hacerlo en la etapa tres del proceso, cuando se prescribe la medicación para abortar o se realiza la intervención quirúrgica. La objeción de conciencia no cabe para el resto del proceso.

En este caso la madre de la adolescente fue a la policlínica porque su hija estaba con un retraso. Al detectar que era una violación, la derivaron al hospital porque ahí funciona el servicio de maltrato y abuso sexual a menores. La ginecóloga que las atendió les dijo que ese caso no se atendía ahí y cuando regresaron a la policlínica, la adolescente fue derivada para Montevideo.

No toquen nada (Océano FM) conversó con Fernanda Nozar, una de las ginecólogas que atendió el caso en el Pereira Rossell, que además es profesora adjunta de Ginecología en el hospital. La especialista no brindó detalles del caso porque debe mantener el secreto profesional, pero sí habló de la actuación de los ginecólogos en Salto y de la objeción de conciencia.

“Tienen que imaginarse una situación de desamparo total desde el punto de vista intelectual, social y cultural. Desamparados también desde el sistema sanitario, derivados a un lugar que les era absolutamente ajeno, que se sentían en una ciudad gigante, a la que nunca habían venido. Una situación familiar con varios niños pequeños que quedaron sin la madre y que realmente genera cierta indignación al momento de la asistencia. No puede ser que la respuesta sea ’en este lugar no hacemos estos procedimientos’, pensando solamente en la interrupción del embarazo, el procedimiento es mucho más amplio”, explicó Nozar.

La psicóloga Marcela Azambuja, jefa técnico del Ministerio de Desarrollo Social en Salto, asistió a la familia cuando regresó de Montevideo en el seguimiento socio económico. Azambuja, que vive y trabaja en Salto, contó a NTN cómo fue el caso.

“Nos llega una situación de una adolescente con un embarazo, es una adolescente con una discapacidad intelectual severa, considerado violación por varios motivos: porque es menor de edad y en ningún punto pudo haber consentimiento por tratarse de una persona con discapacidad intelectual. Ese caso no se resolvió en Salto, por decisión de la ginecóloga que a su vez es subdirectora del hospital regional de Salto. Es una ginecóloga objetora de conciencia que además forma parte del grupo que atiende las situaciones de maltrato y abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. Aún en ese caso tan extremo, donde claramente se trata de violencia, no se resolvió en el departamento”, afirmó.

La psicóloga cuestionó que no se haya practicado el aborto en un caso tan extremo de violencia.

“En Salto, todas las situaciones de maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes dan lugar a que se trabaje la reparación del daño. Y en ese lugar, en el hospital, no se resuelve la situación con una interrupción del embarazo, como se indica desde antes de la ley. No hacía falta esta ley para que en una situación tan violatoria de los derechos se practicara una interrupción del embarazo”, señaló.

La jerarca del Mides sostuvo que se terminó revictimizando a la adolescente y a su familia. “En este caso el sistema de salud respondió desde el primer nivel, no se quedó con eso de ’acá no hay respuestas’ sino que lo logró resolver. Pero sin duda que es una forma de evadir responsabilidades. Nadie quiere que estas situaciones tan dolorosas pasen pero tenemos que estar preparados para dar respuesta porque si no, estamos revictimizando a una familia cuya situación ya era gravísima, antes de la intervención”, consideró.

Este mes la organización Mysu (Mujer y salud en Uruguay) presentó los primeros resultados de una investigación que realizó en Salto. Denunciaron situaciones de hostilidad de los médicos de ese departamento hacia las usuarias que quieren practicarse un aborto. Además, el informe marcó la falta de asesormiento legal que se tiene que brindar a pesar de la objeción de conciencia.

La ginecóloga Nozar, que atendió a la adolescente en el Pereira Rossell, dijo que la objeción de conciencia es un derecho del ginecólogo. Pero insistió en que sólo abarca una parte del proceso. Nozar destacó la importancia de informar y asesorar a la paciente.

“Yo puedo llegar a aceptar y entender que en el proceso de la interrupción, de la colocación de la medicación, o de la indicación de la medicación, digan que no están de acuerdo con ningún tipo de interrupción del embarazo y que en ese momento recurran a otro profesional que sí lo haga. Pero no podemos negarle todo el proceso previo que fue mucho más relevante en esta situación. Imagínense situaciones de violación, de déficit intelectual, de una vulnerabilidad socioeconómica tremenda, encima llegar al hospital público y le digan que no asisten ese tipo de pacientes. No se puede permitir”, afirmó.

Fuente: Portal 180.

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