Más de 200 personas de todo el país participaron en la 7ma. Jornada Nacional por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, que el pasado noviembre organizara Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), junto a la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT. Durante la misma, se analizó la situación de las políticas en salud sexual y reproductiva, se presentaron resultados del monitoreo de los servicios respectivos, se puso en valor el trabajo de las organizaciones sociales y se identificaron desafíos a futuro para que los derechos sexuales y reproductivos sean respetados sin discriminaciones.
A la 7ma. Jornada Nacional por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos asistieron integrantes de organizaciones feministas y de mujeres, de sindicatos y organizaciones barriales, de personas trans, afro-descendientes y de la diversidad sexual, del movimiento de usuarios de la salud, cooperativas de trabajo, funcionariado de instituciones públicas y privadas de la salud, de la educación y de la atención a la infancia y la adolescencia, miembros de asociaciones de profesionales, grupos de teatro, además de estudiantes de secundaria y terciaria.
El 60% de quienes respondieron a la invitación participaban por primera vez, “lo que demuestra que esta agenda sigue convocando”, como señaló señaló la directora ejecutiva de de MYSU, Lilián Abracinskas. El tercio correspondía a la franja etárea de entre 18 y 29 años, el otro tercio tenía entre 30 y 46 y las personas mayores de esa edad completaron el tercio restante. La mitad fue de Montevideo y la otra mitad llegaron desde Salto, Canelones, Rivera, Florida, Artigas, Rocha, San José, Colonia, Río Negro, Cerro Largo, Soriano, Flores, Treinta y Tres, Paysandú y Tacuarembó. Además, se contó con la presencia de integrantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), quienes al día siguiente también participaron del Encuentro de Mujeres Trabajadoras organizado por el PIT-CNT.
La nueva agenda de derechos
El objetivo de la 7ma Jornada fue analizar el estado de situación de las políticas en salud sexual y reproductiva, el trabajo de las organizaciones sociales y los desafíos a futuro para que los derechos sexuales y reproductivos sean respetados, sin discriminaciones.
Se presentó el nuevo material de MYSU sobre: “Los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Qué se necesita para ejercerlos?”, que identifica las distintas responsabilidades que el Estado, la sociedad y las personas tienen para promover, garantizar, exigir y defender estos derechos humanos. También se recordó la aplicación Sexualidapp, disponible gratuitamente para todos los dispositivos electrónicos, que contiene el mapa geo-referenciado de los servicios públicos de salud sexual y reproductiva en todo el país, información sobre anticoncepción, aborto y derechos de adolescentes, y se exhortó a descargarla y compartirla.
En la jornada fueron presentadas las actividades desarrolladas por otras organizaciones. La Unión Trans del Uruguay (UTRU) mostró su video “Aquí estamos, abriendo puertas”, cuyo propósito es concientizar y sensibilizar a la comunidad sobre la hipocresía y la discriminación que padecen las personas trans para acceder a la educación, al trabajo y a la salud. Diversidad Sexual Fray Bentos (Disef) presentó “Marcha de las novias”, video que registra la performance realizada el 25 de noviembre de 2014 en denuncia de la violencia de género. Otras organizaciones compartieron actividades, logros y dificultades que deben enfrentar para poder cumplir con su tarea.
Abracinskas destacó que el movimiento social ha permeado la política pública y que, aunque en los discursos políticos parezca que la denominada “nueva agenda de derechos” (compuesta por la tríada de leyes de aborto, matrimonio igualitario y regulación de la marihuana) ha sido un logro del gobierno frenteamplista, hay que recordar que dicha agenda se agitó y se sostuvo por el movimiento social, que a su vez es el que estará dispuesto a defenderla.
Aborto: la resistencia continúa
Cuando se convocó por primera vez a estas Jornadas en 2012, la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo era inminente y su contenido había sido rebajado notoriamente en la negociación parlamentaria. eso fue denunciado y además se advirtió que lograr leyes no era el final del camino sino el comienzo de una nueva etapa, para la que los movimientos sociales tenían que prepararse. Acompañar y controlar la implementación de los servicios era uno de los desafíos, pero también defenderlos ante cualquier intento de obstaculización o retroceso.
Así en las 3as. Jornadas (2013), se decidió enfrentar la campaña de los opositores históricos al aborto, que pretendieron derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo a través de una consulta ciudadana. Consulta que fracasó rotundamente y cuyo resultado dio legitimidad a esta demanda histórica del movimiento feminista y de la amplia coalición de organizaciones sociales que lucharon por el aborto legal.
Sin embargo la acción de los opositores no se detuvo y un grupo de 20 ginecólogos interpuso un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), solicitando la anulación de gran parte de los artículos del decreto reglamentario de la ley, que fuera elaborado por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Su argumento era que el decreto no daba garantías para ejercer la objeción de conciencia y que excedía lo dispuesto por la Ley 18.987. El fallo final del TCA anuló algunos de los artículos del decreto, por lo cual el MSP deberá analizar la situación, para asegurar que el funcionamiento de los servicios de aborto continúe sin inconvenientes. Importa resaltar que ni la vigencia ni la integralidad de la ley están afectadas.
Entre las noticias positivas, en la séptima jornada se resaltó la reactivación de la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva a nivel del MSP, que MYSU y el PIT-CNT integran. También se informó que está en proceso la reforma del Código Penal a nivel de la Cámara de Diputados, por lo cual es importante que las organizaciones se involucren en el mismo, dado que el texto de reforma es deficitario en varios asuntos relacionados con la violencia de género, el abuso y la explotación sexual – en particular el que afecta a niños, niñas y adolescentes-, los delitos de lesa humanidad, aborto y otros asuntos vinculados a los derechos humanos y la justicia de género.
Resultados del monitoreo de servicios
Para abordar el estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva, el equipo del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU presentó el monitoreo que está realizando en los departamentos de Florida, Rivera y Maldonado. Incluye el relevamiento de las instituciones de salud públicas y privadas y las prestaciones que brindan, entrevistas a autoridades y equipos de profesionales que integran los servicios, pero también entrevistas a mujeres y varones de entre 15 y 49 años con cobertura de salud en cada departamento, así como reuniones con organizaciones sociales locales vinculadas a estos temas.
Se compartieron los primeros hallazgos del monitoreo en estos departamentos, así como los resultados de los estudios ya finalizados en cuatro de los seis departamentos del litoral del país. La objeción de conciencia, la desinformación sobre la existencia de los servicios, el estigma y la discriminación hacia las personas por las diversas decisiones en el campo de la vida sexual y reproductiva, así como la percepción sobre falta de confidencialidad de los servicios, fueron algunas de las barreras y obstáculos identificados para el acceso a las prestaciones.
Desde la experiencia cotidiana
Desde la audiencia, quienes trabajan en distintas instituciones de salud, completaron el estado de situación a partir de sus propias experiencias. Destacaron la escasa o nula capacitación del personal de salud, incluyendo el administrativo, lo que genera situaciones de vulneración de derechos hacia quienes consultan. Se reitera en varias instituciones la actitud de ecografistas y ginecólogos, pretendiendo imponer su sistema de valores ante la mujer que solicita el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, contraviniendo las normas y guías procedimentales. Asimismo, hubo reclamos por la falta de recursos para implementar correctamente los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto. También se hizo manifiesta la preocupación por la mercantilización del embarazo, el aumento de cesáreas, la obligatoriedad de estudios como la mamografía o la sugerencia de vacunar a adolescentes mujeres contra el virus de HPV sin que exista adecuada información para la toma de decisiones.
Se concluyó que la atención de personas con diversas orientaciones sexuales e identidad de género sigue siendo estigmatizadora y fragmentada, sin dar respuesta a la integralidad de requerimientos en salud de esta población. Sigue existiendo el prejuicio de que toda persona trans es trabajadora sexual y portadora de VIH. Pero además a las personas que realizan trabajo sexual tampoco se las atiende en todos sus requerimientos y el abordaje se limita a la prevención de las infecciones de transmisión sexual.
La violencia obstétrica y el maltrato a mujeres durante el embarazo, parto y puerperio fue otra de las problemáticas señaladas, así como el déficit de los servicios para dar un abordaje integral a las situaciones de violencia intrafamiliar y sexual.
Respecto de la población adolescente y sus derechos, se identificó la falta de acompañamiento adecuado, desde el mundo adulto, para el desarrollo de la sexualidad de forma plena, sin abusos ni violencias. Se necesita destinar los mayores esfuerzos tanto desde el sistema educativo (incluyendo la educación sexual), las políticas públicas y el trabajo de las organizaciones sociales para generar las garantías que esta población requiere, se puntualizó.
Coincidencias con la Plataforma Ciudadana
Muchos de los diagnósticos y propuestas que fueron planteándose en el encuentro, coinciden con los contenidos de la Plataforma Ciudadana por la salud y los derechos sexuales y reproductivos que fue acordada en la 5ª Jornada, realizada en julio de 2014. Se considera que si bien las jornadas son abiertas, participativas y no institucionalizadas, el contar con una plataforma común desde la cual fundamentar y articular acciones, es muy valorable y da respaldo al trabajo de cada organización en cada lugar que se encuentre.
Fuente: La República