BUENOS AIRES | LA NACIÓN / GDA Gobierno. Difundió guía para médicos con menos trabas y dio marcha atrás.

Tras la aprobación del matrimonio de parejas homosexuales, el gobierno argentino instaló una nueva polémica cuando difundió un protocolo para médicos donde extiende de hecho la legalización del aborto en el país.

El ministerio de Salud argentino difundió la «Guía técnica para la atención integral», un documento con lineamientos para los profesionales de la salud que practican abortos. Contiene más precisiones que una guía previa, diseñada en 2007, y una de sus principales modificaciones tiene que ver con la definición de «no judicialización» de los casos.

El nuevo texto causó polémica porque admite la práctica del aborto para todos los casos de violaciones, cuando el ar- tículo 86 del Código Penal establece que se puede practicar sólo en casos de violaciones a una «mujer idiota o demente». Como condición al acto exige sólo que la víctima presente una denuncia o declaración jurada de que fue violada.

Según datos del año 2008 del Indec y del ministerio de Salud citados por el diario Clarín, en Argentina se practica un aborto cada dos nacimientos: anualmente nacen 736.000 niños y hay 460.000 abortos inducidos.

La nueva guía argentina fue enviada por el Ministerio a los medios de comunicación y dice en su exterior que «todos los procedimientos previstos» en ella «son de aplicación establecida por resolución ministerial» del 12 de julio de 2010.

Sin embargo, una vez instalada la polémica, la cartera envió ayer un comunicado intentando desvincularse del caso y afirmó que «su titular, Juan Luis Manzur, no ha firmado resolución alguna respecto de la Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles».

A pesar de esta negativa, anteayer el viceministro de Salud, Máximo Diosque, y la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Paula Ferro, habían confirmado que el documento tenía el aval oficial. «La guía fue creada en 2007 y nosotros la actualizamos y la publicamos a partir de una resolución ministerial», había declarado anteayer Ferro.

Según explicaron fuentes ministeriales a Clarín, la disyuntiva está en que la resolución existió como proyecto pero «nunca fue firmada por el ministro» y se difundió equivocadamente. «El origen de todo el problema es que el ministro no lo firmó. Hubo un error y lo estamos reconociendo», señalaron. En declaraciones a la agencia DyN, fuentes del Ministerio responsabilizaron por el mencionado error a Paula Ferro.

«Claramente hubo presiones por las repercusiones que generó. No se animaron a terminar de dar el debate», manifestó la diputada Cecilia Merchán, de Libres del Sur, coautora del proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo.

De todas maneras, la alegada equivocación no impidió que algunos legisladores oficialistas expresaran su apoyo a la medida oficial que aparentemente nunca existió. Ayer temprano la diputada Diana Conti celebró la resolución. «Manzur se hizo eco de la interpretación más actualizada (del Código Penal) al entender que hay que proteger no sólo a la mujer con deficiencias mentales, sino también a la mujer que, libre a su conciencia, es violada», dijo.

La diputada oficialista recordó que la ausencia de una medida de esta naturaleza provoca hoy en día que el médico tenga que recurrir a una comisión de bioética para evaluar cada caso, algo que queda suspendido con el nuevo protocolo. «Lo que el profesional decida es válido. Esto acorta los plazos que normalmente tienden a revictimizar» a la persona violada «embarazada y manoseada desde el punto de vista médico», precisó.

Por su parte, el viceministro de Salud, Máximo Diosque, afirmó que la medida refuerza «una realidad que ya está legislada, pero que, frente a un notable desconocimiento, (los casos) se judicializaban, terminaban siendo noticia y se provocaban tremendas demoras».

CONDICIONES. Si entra en vigor la nueva guía, sólo los médicos decidirán si se están frente a un caso de aborto autorizado, ya que no debe darse parte a la Justicia para que decida. Se establece, también, un plazo máximo de 10 días entre el momento en que la mujer solicite el aborto y su puesta en práctica. Los profesionales deben contar con el consentimiento de la madre, el diagnóstico que indique que su vida corre peligro o una declaración jurada o denuncia de violación.

En casos de menores de edad, la opinión determinante será la de la embarazada.

La guía permite la objeción de conciencia de los profesionales, pero sólo podrá hacerse un planteo de esas características en forma personal. En todo centro de salud deberá haber un equipo profesional dispuesto a practicar abortos. «Si bien el médico puede ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica del aborto, la institución hospitalaria debe dar algún tipo de respuesta al pedido», destacó Diosque. Las cifras.

460.000 Son los abortos que se estima que se practican anualmente en Argentina, según datos de 2008. Hay 736.000 nacimientos al año.

210 Son los millones de embarazos que se calcula que hay por año en el mundo. De estos, 46 millones acabarían en aborto. «Somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada».

BUENOS AIRES | «Yo no sé cómo se sentiría Eva Perón cuando presenció la sanción de los derechos de la mujer hace 58 años». Con esa frase la presidenta Cristina Fernández inició ayer el acto de promulgación de la ley de matrimonio homosexual aprobada el jueves pasado en el Senado.

«Esto dentro de unos años va a resultar como un debate absolutamente anacrónico», dijo la presidenta. «La realidad va cambiando. Esto no tiene que ver con las convicciones religiosas», agregó.

En el acto que tuvo lugar en la Galería de los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario, en la Casa Rosada, la presidenta argentina destacó que «hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada».

En el acto, la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans (Falgbt), entregó a la presidenta una placa en la que se destaca «su compromiso y valentía en la defensa de la igualdad y la construcción de un país para todas y todos». Por su parte, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) adelantó que la semana que viene entregará en un acto público un reconocimiento a todos los diputados y senadores que con su voto respaldaron la modificación del Código Civil.

En tanto, se espera que el primer casamiento de una pareja homosexual se realice el 11 de agosto. Dependencias del Registro Civil de las ciudades de Buenos Aires, Corrientes y Rosario ya otorgaron turnos provisorios que serán confirmados ahora que se promulgó la ley.

En Mendoza dos ciudadanos chilenos pidieron turno para casarse, informó a Clarín el ministro de Gobierno local, Mario Adaro.

Fuente: LA NACIÓN / GDA El País Digital