“Es un absurdo” que se atienda a quienes acuden al servicio de interrupción del embarazo antes de que pasen las doce semanas de gestación y no se atienda a quienes superan ese plazo por siete días, criticó en De Diez a Doce la directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Lilián Abrascinkas.
Ese fue uno de los factores que incidió en el caso de la mujer que falleció en Maldonado la semana pasada tras someterse a un aborto clandestino, señaló.
Una vez recibida la consulta para interrumpir un embarazo, señaló, muchos centros de salud demoran en conformar el equipo requerido por la ley. A veces esa es la razón por la que se supera el tope de las 12 semanas que la norma impone, advirtió.
“Si el sistema no logra completar los equipos, no puede culparme a mí”, dijo Abrascinkas. Advirtió que el mecanismo no está captando a todas las mujeres que necesitan del servicio.
Por otra parte, comentó, la falta de información o el contexto en el que el sistema recibe a las mujeres que requieren el servicio genera miedo y así se configuran las condiciones que expulsan hacia el sistema de abortos clandestinos.
Otro de los déficit que el monitoreo del funcionamiento de la ley que MYSU desarrolla es la falta de atención adecuada en el segundo trimestre, apuntó.
Dijo que en el interior es donde se tienen más problemas. Hay ciudades —como Mercedes, ejemplificó— en las que el 100% de médicos objetores de conciencia. “Si sabés que todos los profesionales de la ginecología de la localidad en que vivís son objetores de conciencia, hay ya una resistencia de las mujeres a ir”, dijo.
Fuente: Radio Uruguay.