El Frente Amplio (FA) ya acordó la redacción del proyecto para la legalización del aborto.
El País accedió al texto de la iniciciativa que establece «la derogación de los artículos 325 y 325 bis del Código Penal», por el que se pena con prisión la interrupción del embarazo por sola voluntad de la mujer.
Además, dentro del proyecto se agrega que «toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir el aborto durante las primeras doce semanas del proceso gestacional». Sin embargo, no se aplicará dicho plazo «si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial e intervención de médico forense».
Fuera de ese período, la mujer podrá decidir la interrupción de su embarazo «cuando corra riesgo la salud o vida de la mujer, o existieran malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina».
De forma previa a la interrupción de la gestación, se requerirá el libre consentimiento informado de la mujer por escrito, el que se adjuntará a la historia clínica.
En caso que la interrupción del embarazo sea solicitada por una mujer menor de edad, «se pedirá el consentimiento de por lo menos uno de sus representantes legales o, en su ausencia o inexistencia, quien ejerza su custodia legal».
Asimismo, «en todos los casos la embarazada deberá ser oída frente a cualquier otro interés, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8º del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823), y se considerará primordial la satisfacción de su interés superior en el pleno goce de sus derechos».
En tanto, en el artículo tercero se garantiza la accesibilidad al sistema de salud. por el cual las mujeres tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo «en cualquiera de los servicios de salud públicos y privados».
Además, se establece que toda mujer que consulte por un eventual aborto «deberá recibir un trato digno» de parte del personal de salud de la institución médica. Ante la eventualidad de que alguna mutualista se excusara de participar en dicho procedimiento, «las instituciones médicas deberán asegurar el concurso del personal calificado para garantizar el aborto».
La atención debe ser gratuita y las instituciones sanitarias quedarán obligadas a garantizar a sus usuarias la confidencialidad y «la información sobre medidas de anticoncepción, así como sus derechos antes y después de la interrupción de la gestación».
Fuente: Diario El País