Como ya lo había hecho muy específicamente en la campaña electoral, el presidente José Mujica volvió a señalar en estos días su convicción de que una consulta popular era el mejor procedimiento para cerrar la polémica que atraviesa a todo el país en torno a la despenalización del aborto. Y hay que coincidir que le asiste razón, porque una consulta puede convocarse por ley y aún hay tiempo para hacerla con todas las garantías que rodean al sufragio en Uruguay. De este modo, la solución por la que se opte tendrá la especial majestad que otorga el respaldo de la ciudadanía, un valor democrático que sigue existiendo en el país pese a que se estén cuestionando en estos días veredictos ya laudados por el pueblo.
El presidente José Mujica asistió durante la semana pasada a la jornada de clausura, en la sede del Ministerio de Salud Pública, de una reunión científica organizada por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (Figo) sobre un asunto de especial interés para la opinión pública uruguaya: “Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo”. El encuentro tenía por emblema “Salvar madres y recién nacidos”. En breves reflexiones que difundió en esa oportunidad, el mandatario reiteró su posición favorable a que hubiera habido una consulta popular sobre la despenalización del aborto y subrayó que sobre el espinoso asunto “hay puntos de vista religiosos, morales, (…) que son todos muy válidos”.
Ya en la campaña electoral el presidente Mujica había sostenido el mismo punto de vista, entonces proponiendo que las decisiones sobre la eventual despenalización del aborto se adoptaran luego de conocer la voluntad del cuerpo electoral. “La gran discusión es elegir el camino que salva más vidas y creo que es mirar los problemas de frente, no dejar a las mujeres solas y tratar de ayudarlas”, añadió.
A principios de octubre de 2009, en plena campaña electoral, Mujica había expresado en un acto en el departamento de Soriano que prefería “que hubiera un plebiscito para esto y que lo resuelva el pueblo uruguayo”. “No es que estamos -añadió- a favor del aborto. Pero si a una mujer que pasa por ese drama, la seguimos dejando sola para que lo resuelva como pueda, en lugar de darle apoyo para tratar de convencerla de que no incurra en la necesidad de abortar, la estamos condenando a la soledad. Yo quiero que no se sienta sola. Si está sumida en la pobreza, decirle ‘te vamos a dar una mano’. Para eso tenemos que poner el problema sobre la mesa”. Quien por entonces aspiraba a resultar elegido presidente recibió ataques políticos por este motivo, fundamentalmente de la oposición nacionalista.
Hoy, mientras a la vez se polemiza a propósito de una norma reglamentaria que obliga a las mutualistas a brindar cursos de salud sexual y se anuncia la presentación de nuevos proyectos de despenalización del aborto por parte de la bancada oficialista, reflexionar sobre estas palabras del presidente parece muy oportuno. Porque es muy difícil imaginar que haya mejor modo que una consulta popular para resolver este dilema, en que posiciones encontradas atraviesan a la sociedad uruguaya en todos los sentidos.
Cierto es que los recursos de plebiscito o referéndum han sido establecidos en el derecho público nacional como formas de que el cuerpo electoral puede expresar directamente su voluntad, tanto en el caso de una reforma de la Constitución como al plantear la derogación de una ley. Estos dos casos específicos de democracia directa son los ya admitidos y regulados constitucionalmente, pero nada impide que una ley pueda establecer consultas populares por otros motivos. Para saber, por ejemplo, si la mayoría de los uruguayos está a favor o en contra de la despenalización del aborto, que es el tema central de la polémica. No parece sensato que alguien esté simplemente a favor del aborto en sí mismo. En realidad, lo que se está discutiendo es si corresponde o no castigar a la madre que lo cometió, algo que en la realidad uruguaya de hoy es muy parecido a criminalizar la pobreza.
En realidad ya desde hace años existe un proyecto de ley que fue presentado en la Cámara de Representantes y hoy se empolva en algún solitario anaquel del Palacio Legislativo. El mismo, en lo sustancial, señala: Artículo 1º.- Convócase al Cuerpo Electoral para que manifieste su opinión sobre si el aborto voluntario debe ser castigado penalmente. Artículo 2º.- Quienes estén a favor del castigo votarán una papeleta con la palabra SÍ. Quienes estén en contra votarán una papeleta con la palabra NO.
Es obvio que un plebiscito así no es vinculante para los poderes representativos. Pero es claro que los resultados tendrán una fuerza que nadie podrá soslayar. Quien esté en contra de sus resultados estará en contra de un veredicto de todos los uruguayos, y por ende en una situación políticamente insostenible. Por más que en los últimos tiempos -caso de la ley de Caducidad y del voto de los uruguayos en el extranjero- se esté cuestionando la majestad de las decisiones del cuerpo electoral, las consultas al pueblo mantienen aquí su un importante peso político. Tanto como para haber cerrado para siempre en 1980 la pretensión de la dictadura de perpetuarse en el futuro del país. En ese caso, la fuerza de la decisión fue tan manifiesta que fue aceptada por los gobernantes de facto y la apertura democrática se desarrolló por los carriles que quería el pueblo.
Si se quiere, entonces, despenalizar el aborto, el mejor camino en Uruguay es realizar previamente una consulta al pueblo. El tema, que en otros tiempos era más sensible que hoy -no había Misoprostol y la alternativa era confiar la vida de la madre a procedimientos potencialmente fatales- merece que la respuesta final sea la de la gente. Que no le estará imponiendo a nadie una conducta que puede considerar éticamente inaceptable, sino simplemente evitando sumar un castigo a la tragedia de una madre que, por la razón que sea, no quiere perpetuarse en el hijo que concibió.
Fuente: Ultimas Noticias