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30 años del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

Publicado el 26/05/2017

28 de Mayo, 2017

30 años del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

Uruguay

En el V Encuentro Mundial sobre Mujer y Salud realizado en Costa Rica en 1987, las organizaciones vinculadas a la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (WGNRR) y a la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLAC) resolvimos definir el 28 de mayo como un día de acción por la salud de las mujeres.

Desde entonces el objetivo ha sido denunciar la violación de derechos infringida a través de políticas de población abusivas con campañas antinatalistas; falta de servicios integrales y de calidad para erradicar la morbi-mortalidad de mujeres por complicaciones vinculadas al embarazo, parto, puerperio y aborto inseguro; la medicalización del cuerpo de las mujeres y el abuso en la imposición de tecnologías médicas; la deshumanización del parto y la violencia sexual y de género; el uso de las mujeres para investigaciones de la industria farmacéutica. En estos 30 años otros problemas fueron sumándose a esta de agenda de reivindicaciones por impactar sobre la calidad de vida, la salud y los derechos de las mujeres.

El aborto inseguro, ilegal y clandestino constituye un problema sin resolver en gran parte de los países latinoamericanos. Está totalmente prohibido y penalizado en Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana. No se permite ni cuando corre riesgo la vida de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación. En la mayoría de estos países, las compañeras feministas llevan adelante campañas para legalizar el aborto, al menos, por causales. En el resto de los países, a pesar de que hay causales que lo habilitan, los servicios no están siempre disponibles ni a las mujeres se las atiende adecuadamente cuando lo requieren. La prohibición absoluta del aborto y el maltrato a las mujeres que abortan constituyen actos de tortura, como lo han señalado diferentes Relatores Especiales de las Naciones Unidas. Además, la prohibición total no impide que las mujeres aborten. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que aquellos países que prohíben la interrupción del embarazo no han conseguido disminuir sus tasas de aborto. Sólo ponen a las mujeres en peligro.

En Uruguay, cerca de 40.000 mujeres han abortado de forma legal, gratuita y segura, entre comienzos de 2013 y fines de 2016, atendidas por los equipos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Un avance indiscutible logrado con el cambio legal del 2012. Las necesidades en salud de las mujeres no deben resolverse en la clandestinidad sino con la seguridad de los servicios que se requieren para satisfacerlas. Por eso hay que seguir trabajando en mejorar la respuesta porque hay mujeres que siguen fuera del sistema.

Si bien la atención en salud sexual y reproductiva existe en todo el país se registran obstáculos y dificultades para acceder a las prestaciones porque muchas funcionan sólo en las capitales departamentales, faltan recursos humanos disponibles para brindar el servicio, la mayoría no están debidamente capacitados, hay un alto porcentaje de profesionales objetores de conciencia, los servicios no se difunden como se debería y las autoridades sanitarias tienen dificultades para fiscalizar el cumplimiento adecuado de la norma.

La desinformación, el miedo, el estigma, los prejuicios y el peso del control social sobre las prácticas y conductas sexuales, sobre las diversas identidades de género y las decisiones reproductivas, son significativos y preocupantes. Esto afecta la salud de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual, con particular impacto en quienes tienen menos años de educación formal y que habitan en las localidades del interior del país, donde predomina la influencia de los sectores religiosos y actores políticos con las concepciones más estereotipadas y conservadoras sobre los derechos sexuales y reproductivos.

El sistema que genera la violencia de género está intacto y así lo demuestran la cantidad de mujeres asesinadas por ser mujeres; los asesinatos no esclarecidos de personas trans; las situaciones de violencia institucional; los abusos a niñas y adolescentes; el encarcelamiento de jóvenes por parir solas; el maltrato a trabajadoras sexuales; el acoso callejero y todas las formas de violencia simbólica, patrimonial, psicológica, política y económica.

Seguimos en campaña por la libertad de la joven de Rivera procesada con prisión por “homicidio culposo”, tras haber parido sola en el baño de su casa, desconociendo que llevaba un embarazo a término.

Continuamos dando apoyo a la mujer de Mercedes (departamento de Soriano) que, en febrero de este año, solicitó una interrupción legal del embarazo y se encontró con una interferencia judicial de su decisión reproductiva. La jueza Pura Concepción Book, basándose en sus creencias personales e ideológicas y haciendo una interpretación errónea de la ley, habilitó un recurso de amparo a un hombre de la ciudad de Mercedes que reclamaba su derecho a ser padre imponiendo el embarazo a su ex pareja. En el mismo acto presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de IVE que, afortunadamente, fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia.

En el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos las personas seguimos sometidas a la mezquindad de los políticos a través de sus leyes restrictivas y debilidades de la gestión pública; a los intereses del poder médico hegemónico y a la intolerancia de los grupos anti-derechos que no cesan en su intención de retroceder sobre lo logrado.

La libertad y autonomía es sustancial para el ejercicio de una ciudadanía plena y condición imprescindible en la lucha por la emancipación. Peleamos para que los derechos sexuales y reproductivos sean entendidos como derechos humanos y se concreten en la vida cotidiana de cada persona, sin discriminaciones. El valor laico del Estado debe materializarse en garantizar la convivencia pacífica y respetuosa de los diversos sistemas de valores, asegurando que ninguna creencia ni religión sea impuesta.

La fuerza para construir cambios es el producto de la movilización social y de la articulación de esfuerzos. Sumemos energías y nuevas voces para continuar avanzando.

Montevideo, 28 de mayo de 2017

10ma. Jornada Nacional por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos.