Desde 2012 existe una ley en Uruguay que permite a las mujeres acceder a abortos legales y seguros, pero las conciencias de algunos médicos entorpecen su aplicación. La legislación de avanzada de este pequeño país sudamericano, que lo ha distinguido en todo el mundo, no necesariamente coincide con la mentalidad y estilo de vida de muchos de sus habitantes.

Una tarde de marzo de 2014, el resultado de un test de embarazo le dio positivo. En seguida supo que iba a abortar. Tenía 21 años y una carrera de psicología por delante. No quería ser madre. Era época de exámenes, se olvidó de un par de pastillas anticonceptivas, ni siquiera se dio cuenta. “Fue error mío”, se excusó de primera Fernanda (nombre ficticio), mientras conversamos en su apartamento en Montevideo. Así comenzó el relato sobre su periplo para abortar en Uruguay.

En Uruguay, la Ley No 18,987 de Interrupción Voluntaria Embarazo (IVE) ampara a las mujeres que quieren terminar con un embarazo no deseado, cualquiera sea el motivo. Fue aprobada por el parlamento uruguayo en octubre de 2012, durante el mandato del expresidente José Mujica (2010-2015).

Sin embargo, la aprobación de esta ley no fue sencilla. Al menos desde 1989, Uruguay vivió movilizaciones de las organizaciones sociales por la legalización del aborto y múltiples proyectos de ley se atoraron en el Parlamento.

En 2011, por ejemplo, el Frente Amplio (el partido de izquierda que está en el poder desde 2005) vivió una ruptura alrededor de este tema. La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que despenalizaba el aborto en todas sus causales, pero la negativa de un solo diputado frentista, Andrés Lima, no dejó prosperar el proyecto. La negativa no fue gratuita: Lima era diputado por el departamento de Salto, donde la mayoría de sus médicos están en contra del aborto.

El 25 de septiembre de 2012, tras una serie de cambios en el proyecto que lo hicieron menos polémico y con el impulso del entonces presidente Pepe Mujica, 50 diputados votaron a favor de la nueva ley (49 oficialistas, más un independiente). A su vez, 49 diputados votaron en contra, todos pertenecientes a la derecha tradicional. La ley pasó por un voto.

Si bien la legislación fue muy discutida y causó polémica en lo político y social, posicionó a Uruguay en la vanguardia de los derechos humanos, junto con la legalización de la marihuana y del matrimonio igualitario. De hecho, se convirtió en el primer país de Sudamérica en legalizar el aborto, y el cuarto en América Latina, después de Cuba, Guyana y Puerto Rico.

Los objetivos de la ley IVE son garantizar el pleno acceso de las mujeres a un aborto seguro, reducir la mortalidad materna y combatir el aborto clandestino. La ley es de observancia para el sector público y privado. Cualquier mujer puede solicitar la interrupción dentro de las primeras 12 semanas de embarazo, hasta las 14 en caso de violación, y sin fecha límite por riesgos de salud o anomalías fetales.

Los pasos para completar la IVE son cuatro: IVE 1, consulta con un médico o enfermera. IVE 2, asesoramiento con un grupo interdisciplinario conformado por ginecólogo/a, trabajador/a social, y psicólogo/; a partir de ahí corren cinco días de reflexión para la mujer, donde ratificará o no su decisión de abortar. IVE 3, el ginecólogo/a receta el medicamento (mifepristona y misoprostol). E IVE 4, control postaborto para verificar si se expulsó correctamente el feto.

Sin embargo, para algunos profesionales la práctica va en contra de sus principios e intereses. Un mes después de aprobada la ley, en noviembre de 2012, el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay emitió un decreto reglamentario que aseguraba la confidencialidad del procedimiento y el respeto a la voluntad de la mujer. Pero en julio de 2013, una demanda de nulidad contra el decreto, encabezada por Justo Alonso y Washington Lauría —responsables de dos de las tres Cátedras de Ginecotocología de la Universidad de la República—, cambió el panorama legal.

Los ginecólogos denunciaron que el decreto restringía el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal de salud, porque los obligaba a participar de todos pasos de la IVE y solo podían excluirse del tercero. Es decir: era una objeción a medias. En agosto de 2015, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Uruguay falló a su favor, anulando siete de los 11 artículos impugnados. A partir de ese momento, todos los ginecólogos de Uruguay pueden objetar conciencia para todos los pasos del procedimiento de la IVE.

Según cálculos del MSP, para el 2013, el 30 por ciento de los ginecólogos del país declararon objeción de conciencia, unos 200 en un total de 700. Pero las estimaciones oficiales no son el único dato, el Observatorio de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), relevó que los porcentajes del litoral oeste de Uruguay son notoriamente mayores. Departamentos como Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, cuentan con más de un 50 por ciento de ginecólogos objetores y, algunas de sus ciudades, hasta del cien por cien.

La objeción de conciencia, un recurso individual que no debe producir daños directos a otras personas, está siendo aplicada en masa por los profesionales de la ginecología en Uruguay. Para la directora de MYSU, Lilián Abracinskas, “el cuerpo médico está abusando del recurso”, que se ha vuelto “un obstáculo para el acceso a la prestación de la IVE”.

En medio de este ida y vuelta entre legisladores, médicos y autoridades, las mujeres comenzaron a encontrarse con un sinfín de trabas a la hora de interrumpir su embarazo. Las dificultades dependen de cada institución de salud, pública o privada, y del profesional o técnico que se les cruce en el camino. Sin duda, fuera de Montevideo los obstáculos se acentúan.

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Fernanda nació y se crió en San Carlos, una ciudad de 27,471 habitantes, en el departamento de Maldonado, al sureste del país. A los 18 años se mudó a Montevideo (a 130 kilómetros) para comenzar sus estudios universitarios, donde vive actualmente. Allí se atiende en el Sanatorio Americano, que tiene convenio con un centro de salud privada de Maldonado, del que es socia.

Muy decidida a interrumpir el embarazo, se dirigió al Sanatorio Americano. La acompañó una amiga. “La ginecóloga que me recibió fue muy agresiva. Me palpó el cuello del útero diciéndome: ‘Abrí las piernas. Esto no te hubiera pasado si hubieras usado preservativo. Ahora se te hace fácil hacerse un aborto’. Se me caían las lágrimas en el consultorio”, relató Fernanda. Le faltaron el respeto y estaba muy angustiada, pero mantuvo firme su decisión de abortar.

Luego, el examen de sangre y una ecografía intravaginal. Y luego malas noticias: su convenio con el Sanatorio Americano no incluía el procedimiento de la IVE, por lo que tenía que regresar a su ciudad, San Carlos, a realizar todo el procedimiento de nuevo. Pueblo chico infierno grande, dicen. Fernanda no le contó a la familia durante el procedimiento, solo a dos amigas y a su novio. “No por vergüenza, sino porque lo sentí muy personal”, reflexionó mientras tomaba mate.

En San Carlos, otra ginecóloga la asustó. “Cuando fui, estaba de cuatro semanas. Me dijo que tenía que esperar hasta las ocho semanas, cuando el corazón del feto latiera, para realizar la IVE y así descartar un posible aborto espontáneo”. “Por ley tiene que latirle el corazón”, la frase quedó resonando en su mente. Una vez más la palabra del médico, antes que la de la paciente. Luego se asesoró, no existe, y nunca ha existido, tal disposición en la ley.

Para los siguientes pasos tuvo que dirigirse a dos ciudades más del departamento. Cuando llegó la hora de tomar el medicamento, volvió a Montevideo. Su novio la ayudó en casa. “Lo viví con mucho dolor, no solo físico, sino emocional. Me duró unos cuantos meses de depresión, de sentir mucha soledad. Te quieren hacer dudar todo el tiempo y que lo vivas con mucha culpa”, remató.

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Casos como el de Fernanda no son aislados y reflejan un sistema con fisuras, contradicciones e incoherencias. Además de San Carlos y el departamento de Maldonado, llama la atención el caso de Mercedes, la capital del departamento de Soriano, ya que ahí el cien por cien de los ginecólogos han objetado conciencia.

Es lunes de mañana y en el centro de Mercedes el calor se avecina. La ciudad tiene calles de adoquín y las fachadas antiguas están meticulosamente conservadas. El departamento de Soriano se distingue por sus gobiernos de derecha, sus casonas antiguas y una estrecha relación con la Iglesia Católica. “El poder del departamento está en los terratenientes”, dice Ana González, locataria e integrante de Nuevos Caminos, una oenegé contra la violencia machista. “Los grandes apellidos son los que marcan la conducta social, no es extraño que todos los médicos hayan objetado conciencia aquí”, opina González. No vale salirse de la norma.

Mercedes, de 41,974 habitantes, descansa sobre el Río Negro que corre lento, y el tiempo lo acompaña. Muy distinta es la realidad en la policlínica de ginecología de su hospital público, donde la enfermera Yanela Tórtore, de sonrisa amable y túnica blanca impecable, recibe las dudas y planteos de decenas de mujeres por día.

Tórtore está encargada de aconsejar a las usuarias y coordinar los diferentes pasos del servicio IVE en dicha policlínica. Aunque los cinco ginecólogos de la ciudad se abstienen de practicar solamente el tercer paso, el de recetar la medicación para abortar, para Tórtore el sistema “funciona muy bien”. Los médicos se abstienen, pero no tanto. Para ese único paso, las mujeres de Mercedes deben viajar 36 kilómetros a la ciudad de Dolores —donde atienden ginecólogos no objetores—, o 35 kilómetros hasta Fray Bentos (capital del departamento de Río Negro). Eso sí: el Hospital les paga los traslados de ómnibus a la otra ciudad.

La enfermera Tórtore reconoce que hace buena parte del trabajo de la policlínica —le saca sangre a las usuarias para los exámenes aunque no sea su tarea—, y le da tranquilidad a las mujeres sobre el procedimiento, sobre todo a las “adolescentes primigestas”. Allí la confidencialidad es sumamente importante: “han venido hijas de funcionarios del hospital y ellos ni se enteran”, tampoco “queda registrado en la historia clínica de la paciente”, confesó la enfermera. Desde que se aprobó la ley, han acompañado la realización de 300 abortos.

Que los ginecólogos de Mercedes objeten conciencia no es un obstáculo para las mujeres, dice Tórtore, porque ella les consigue “turnos en Dolores en una semana”. Sin embargo, la ginecóloga Carolina Dorner no es tan optimista. Asegura que “se pierde el hilo de la paciente” cuando viaja a otra ciudad para la medicación.

Aún más grave, según Dorner, es que ha habido casos puntuales en el hospital público, en los que a las usuarias la medicación no les hizo efecto, es decir, después de la ingesta siguen con el feto vivo. Por ello, tienen que volver a ver al equipo que las trató en Dolores o Fray Bentos para una segunda aplicación. “Los llamás [a los médicos de otras ciudades] y te dicen que no, que ellos otra vez no las atienden. Si haces la IVE, tenés que hacerla toda, si no, no la hagas. Después nos recriminan a nosotros [los ginecólogos de Mercedes], pero no tenemos la culpa”, denunció la doctora.

De igual forma, Dorner critica a sus colegas que aceptan realizar el IVE 3 pero no un aborto quirúrgico si la situación se complica. En algunos casos, cuando las usuarias han llegado al límite de las 12 semanas, son enviadas a un hospital de Montevideo (a 278 kilómetros) para ser asistidas de urgencia con una operación quirúrgica. Para Dorner, la situación genera mucha “confusión y angustia” en las mujeres.

Lo interesante es que Dorner es una ginecóloga que objeta conciencia y se define católica. “Es una vida y no la podemos interrumpir”, argumentó. Según Tórtore, una ginecóloga veterana le confesó que “con la ley IVE estamos prostituyendo nuestra profesión, porque lo nuestro no es realizar abortos, sino retener un embarazo complicado y salvar la vida del bebé”.

Una mujer de 43 que se realizó un aborto en Mercedes en enero de 2016 quedó satisfecha en general con el procedimiento, sin embargo, lo único que no le gustó fue que el ginecólogo que le recetó el medicamento, “no tuvo un trato cordial”, según dijo. Ella explicó la idea de esta manera: los ginecólogos “se formaron para traer la vida, no para quitarla”.

Marcos Curti, de estatura alta y poco pelo, es de los médicos preferidos por las usuarias de Mercedes para realizarse cualquier tratamiento ginecológico. Sentado en una habitación del área maternidad, dio vueltas para decir lo básico: objetó conciencia porque no está de acuerdo con el aborto. Afirmó que los cinco ginecólogos de la ciudad conversaron sus decisiones, pero “no fueron consensuadas”. De todas formas, compartió que si las pacientes tienen que viajar a otra ciudad para que les receten el medicamento, ellos efectivamente están obstaculizando el procedimiento. Lo sabe y lo lamenta. Así de contradictorio.

Abracinskas agregó un nuevo argumento: para muchos ginecólogos, “realizar abortos que no se pagan como acto médico” les quita tiempo a los doctores para “faroscopías” o “cesáreas”, que sí se pagan. “Ellos no reconocen que son parte de las fuerzas opositoras al cambio, y que promocionan un modelo de mujer reproductora muy conservador”, denunció.

Para 2001, el grupo de investigación de la Red Uruguaya de Autonomías (RUDA) —que ya no existe— estimó, según la metodología Guttmacher, que se realizaban 33,000 abortos clandestinos en el país, sobre 55,000 nacimientos anuales. La mayoría se practicaban en clínicas clandestinas, sin ningún tipo de registro.

Según MYSU, se ha contabilizado un total de 20,000 abortos legales en los tres años de vigencia de la ley. La brecha tan amplia entre los abortos previos a la IVE y los legales plantea la duda: ¿el sistema clandestino sigue funcionando? Tanto Abracinskas como Tórtore, están seguras que la respuesta es afirmativa.

Sin ir más lejos, recientemente falleció en Maldonado una joven de 21 años tras realizarse un aborto clandestino. Se presume que quedó por fuera de la ley porque su embarazo se pasó de las 12 semanas. Esta sería la segunda muerte materna registrada por aborto clandestino, desde la aprobación de la ley.

Pero para un Estado orgullosamente laico, la lista de incongruencias es larga: el aborto sigue apareciendo como delito, según el artículo 325 del Código Penal. Es decir, el aborto es una violación a la ley si se realiza fuera de la norma IVE y del sistema de salud, situación que perpetúa confusión y discriminación sobre la práctica.

Abracinskas reconoció que por más paradójico que suene, el principal médico de Uruguay, el presidente de la República y oncólogo Tabaré Vázquez, “está de acuerdo con los médicos objetores y no ha realizado ninguna declaración pública sobre el tema”.

No es un detalle menor que en su mandato pasado (2005-2010), Vázquez vetó la legalización del aborto cuando era un capítulo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que se votó en 2008. Por acción, omisión, y silencio, Vázquez está del lado conservador en este tema. A esto se le suma que dos de los tres responsables de las Cátedras de Ginecotocología de la Universidad de la República son médicos objetores de conciencia, lo que influye directamente en las nuevas generaciones de médicos. Para este reportaje se quiso coordinar entrevista con los responsables del Ministerio de Salud Pública, pero aseguraron que no están dando declaraciones sobre el tema.

Como se ve, primero se implementó la ley y faltarán años para que un cambio cultural la acompañe.

Mientras tanto, las más vulnerables son las mujeres de menos recursos —“te piden el aborto con lágrimas en los ojos”, dijo Tórtore—, o las adolescentes mayores de 16 años que llegan al consultorio solas: “los padres nunca se enteran y la ley las ampara”, explicó.

Por Florencia Pagola

Fuente: Univisión, 7 de abril de 2016.