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MYSU en los medios

Aborto legal: cuando la ley no basta

Publicado el 31/01/2021

Medio: Caras&Caretas | Escribe: Meri Parrado

El 13 de diciembre una adolescente de 14 años falleció luego de haberse realizado un aborto dentro del circuito legal, en los servicios públicos del departamento de Treinta y Tres. Esta muerte, motivó el debate sobre el aborto, sus riesgos, las posibles fallas de la reglamentación que lo despenaliza y de las condiciones reales de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

nota-meri-2-777x437Foto: Dante Fernandez

Murió una adolescente que se realizó un aborto en una dependencia de Salud Pública y tras cumplir con el proceso legal que exige la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) vigente en nuestro país. La noticia se conoció el 22 de enero mediante un comunicado emitido por la Red de Acompañamiento Feminista en Aborto de Uruguay, que también está integrada por el colectivo Mujer y Salud (MYSU). Es decir, un colectivo de mujeres se hizo cargo de denunciar públicamente el hecho. No hay detalles de las circunstancias del fallecimiento, solo se sabe, a raíz de la información que pudo confirmar la red, que la causa fue una infección generalizada, denominada septicemia.Las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) no se han pronunciado sobre la muerte, más que para informar que recientemente iniciaron una investigación administrativa sobre la cual hablaran cuando tengan resultados.Esta muerte, la primera por abortos desde 2016, y hasta el momento invisibilizada por las autoridades, reavivó el debate sobre el aborto. ¿Qué la interrupción del embarazo sea legal implica que sea un proceso absolutamente seguro? ¿El sistema de salud garantiza las condiciones para que se pueda cumplir con el procedimiento en los plazos exigidos? ¿Existe la fiscalización de los controles posaborto por parte del Estado?Lo cierto es que el hecho de que haya muerto una adolescente que interrumpió un embarazo por la vía legal pone de manifiesto que para que se pueda hablar de un procedimiento seguro no solo hace falta una ley. No importa, en este momento, si es la primera muerte por aborto legal o la segunda, es una muerte que delata una falla y que no debería volver a suceder si queremos seguir hablando de aborto legal seguro.

(…)

 Una adolescente murió

«[…] una adolescente de 14 años falleció por septicemia en el hospital de la capital departamental. Luego de haber cumplido con el procedimiento que exige la ley, a la semana de abortar, ingreso a la emergencia hospitalaria y falleció a las 24 horas», así denunció el hecho el colectivo Las Lilas.

«Quienes bregamos muchos años para que el aborto fuera seguro, legal, accesible y atendido de forma integral en el marco de servicios universales de salud sexual y reproductiva, hemos advertido en muchas oportunidades que tener una ley era necesario pero no suficiente», agrega el comunicado.

Desde Las Lilas, vienen advirtiendo desde hace tiempo que existen «falencias, problemas y vacíos que no han sido corregidos ni debidamente controlados para superar los obstáculos y mejorar la respuesta».

En diálogo con Lilián Abracinskas, directora del colectivo Mujer y Salud, que integra la Red de acompañamiento feminista, nos explicó cuáles son las falencias que viene denunciando el colectivo. «Desde el observatorio de Mysu pudimos corroborar que todas las capitales departamentales tienen los equipos disciplinarios que exige la ley para funcionar y también en algunas ciudades importantes, pero esto no se cumple en localidades pequeñas. Tampoco hay recursos humanos suficientes en todo el país como para tener en un servicio a la misma hora y los mismos días que incluya profesionales de ginecología, de trabajo social y de psicología de forma simultáneamente, como exige la norma».

«Actualmente, el 98% de los abortos que se implementan son por medicamento, por lo cual perfectamente podría ser un servicio de la red de atención primaria. Por otro lado, si se habilitara a otros profesionales de la salud a prescribir la medicación, podría mejorarse la universalización del acceso a estos servicios. Hoy por hoy es una dificultad para las mujeres que viven en ciudades chicas tener que trasladarte a la capital departamental. Si vivís en Soriano, por ejemplo, y te trasladas a Mercedes no vas a encontrar un ginecólogo disponible porque el 100% de ginecólogos en Mercedes han objetado brindar el servicio priorizando su sistema de creencia, lo mismo sucede en localidades como Chuy o Castillos».

Otro problema, explicó, es que en muchas localidades no hay asistencia social. «Hay un problema endémico a la ley, legislaron exigiendo a las instituciones de salud una cantidad de profesionales disponibles para IVE cuando no hay la cantidad suficiente. Este es un déficit, que en el contexto de la pandemia se agudizó».

La falta de información sobre las condiciones necesarias para realizar un aborto es, según Abracinskas, otro problema que redunda en que los servicios sean exigidos como corresponde por las usuarias. «La asistencia no siempre responde a la celeridad que exige la norma, pero como no hay fiscalización de los servicios, las demoras que se producen o falta la falta de recursos derivan en la dificultad de acceso a los servicios, ocasionando, en muchos casos, que las mujeres queden fuera de los plazos exigidos para interrumpir el embarazo. El propio sistema termina expulsándolas hacia el servicio clandestino».

Por otro lado, la activista manifestó la preocupación e indignación ante el silencio de las autoridades en esta causa. «Son las autoridades sanitarias que tienen la potestad y el poder de indagar el caso. Nosotras no tenemos acceso a la información por razones de confidencialidad. Cuando recibimos la denuncia en diciembre, nos contactamos con las autoridades y nos dijeron que no habían recibido la notificación. Hasta el 12 enero que volvimos a llamar, esperábamos que anuncien el hecho públicamente para llamar la atención de la población sobre los riesgos y garantizar que se iba a indagar la causa y a corregir para que ninguna otra mujer este en riesgo. Esto no paso. No hubo anuncio durante todo el mes y la noticia solo circuló en Treinta y Tres, manejada por grupos opositores, y de una forma estigmatizadora y sancionadora. Nos vimos obligadas a anunciarlos con angustia, dolor y precaución, debido a la falta de detalle, solo nos confirmaron la muerte por septicemia».

«Demoraron un mes para saber qué pasó con una muerte materna en un departamento chico donde se conocen todos. Un mes sin respuestas y recién se inicia una investigación administrativa. Cualquier muerte materna debería ser una alerta inmediata. Si no denunciamos nosotras esto quedaba callado», cuestionó.

Para Abracinskas, «es necesario que la respuesta las den las autoridades». «No queremos que con este caso se sobre victimice a la gurisa que murió. Tienen que determinar las responsabilidades estatales y de quienes no actuaron para proteger a una adolescente, cuya situación de embarazo, a los 14 años, ya debería ser señal de alerta, ya que podría ser producto de relaciones abusivas».

Con respecto a la actuación de la nueva administración de Salud, opinó que «hasta ahora ha demostrado poco», más allá de lo hecho en función a la pandemia de covid-19. «No tenemos información de cuál va ser la prioridad en políticas de salud sexual y reproductiva ni cuál va a ser su compromiso cuando no se cumplen las garantías».

«Este país dio cátedra en esta iniciativa que redujo la mortalidad por aborto en Uruguay. Ante el primer caso de muerte por aborto, desde 2016, hubiese querido que salieran a asumir el compromiso de garantizar que no volverá a suceder. Pero se callaron y otra vez somos las mujeres las que tenemos que salir a denunciar, mientras que del otro lado prevalece un discurso exitista sobre lo maravilloso de la ley, invisibilizando fallas que existen desde el comienzo. Si salen a mostrar éxito, que tengan la cara de salir a reconocer fallas. Lo que pasó es grave porque murió una adolescente que cumplió con todo lo que exige la ley. Sin embargo, el aparato estatal, las instituciones y las autoridades, no la respaldaron. Y que no le echen la culpa a la pandemia, acá hay una cantidad de responsables que debe hacerse cargo».

Otro problema: los grupos antiderechos

Otro problema que adolece en estas causas es la presencia de grupos antiderechos, que según Abracinskas, en localidades del interior «es donde operan mejor». «Treinta y Tres es uno de los lugares donde hay profesionales que son extremistas religiosos y forman parte de los grupos antiaborto. Estas personas suelen intervenir en el proceso de interrupción de las mujeres, ejemplificó la referente, negando información o no iniciando los formularios para coordinar el IVE a tiempo. «Hay diversas irregularidades y en muchos casos tienen que ver con que operan profesionales que adhieren a estos movimientos ultraconservadores». «Muchas mujeres te dicen que no quieren abortar en su localidad por temor a que se sepa el motivo de consulta y automáticamente sean perseguidas y sancionadas por estos grupos».

«Nos preocupa que estos nuevos grupos combatidores de la ideología de género, integrados por históricos grupos antiaborto, actualmente adquieran fuerza en partidos políticos como Cabildo Abierto (CA), que en su programa explícita la intención de combatir ideología de género». En tal sentido, Abracinskas recordó que el MSP tiene en su dirección a Salinas de CA y Asqueta como director general de Salud, que fue diputado acérrimo con la reglamentación del aborto. «Hay una gran Incertidumbre de saber cómo se transferirán sus ideologías hacia abajo».

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