En el marco del 25 de Noviembre: Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres y de género, el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de Mujer y Salud en Uruguay, con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) presentó un nuevo informe elaborado a partir de la encuesta online realizada en el segundo semestre de 2022 sobre experiencias vividas en el país durante la atención del embarazo, parto, puerperio y aborto. Que tuvo como cometido identificar percepciones, experiencias y situaciones de violencia obstétrica vividas por la población usuaria del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
Poco se sabe del alcance e impacto que tiene esta forma de violencia en el país dado que los estudios son escasos y la información oficial disponible es pobre. Las experiencias de violencia obstétrica identificadas en la encuesta muestran la convivencia en el sistema de salud del modelo de atención materno-infantil basado en la díada “madre-hijo”, de larga tradición en Uruguay, con el modelo integral de salud sexual y reproductiva que se instala a partir de la legislación y de la reforma del sistema incluyendo equipos de SSR desde 2010 y la incorporación de la IVE en 2012.
A una década del cambio de modelo, los datos obtenidos ponen en evidencia que aún subsisten prácticas profesionales que reproducen asimetrías de poder en la relación médico-paciente, se retrotrae la atención a la maternidad sin considerar otras dimensiones de las mujeres en sus diversidades y requerimientos en salud sexual y reproductiva y la concepción focalizada y verticalista de la atención persiste cuando los cambios introducidos por ley tienen el propósito de procurar la integralidad, enfatizando la prevención y promoción en salud.
Las autoridades y responsables de las instituciones del SNIS deben redoblar esfuerzos para fiscalizar el cumplimiento de leyes, protocolos y guías clínicas, sancionar cuando no se cumplen y mantener la capacitación permanente de los equipos para superar conductas y prácticas persistentes que se sustentan en concepciones antagónicas a los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Así como se requieren esfuerzos de promoción para que la población usuaria de los servicios de salud conozca sus derechos, los pueda ejercer sin violencias y exija que se respeten sus decisiones libres e informadas.
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