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MYSU en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social

18/10/2022

El 12 de octubre de 2022, Lilián Abracinskas asistió a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social enrepresentación de MYSU para tratar la temática del proyecto de modificación de Ley 17515 de Trabajo Sexual.

Los integrantes de la Comisión fueron María Eugenia Roselló (presidenta), Daniel Gerhard (vicepresidente), Felipe Carballo, Omar Estévez, Pedro Jisdonian, Gerardo Scagani y Martín Sodano (miembros).

Durante laintervención, felicitamos a la comisión por la importante decisión de revisar la normativa en trabajo sexual atendiendo las demandas, situaciones y propuestas realizadas por las propias protagonistas como son las trabajadoras sexuales nucleadas en la organización OTRAS.

MYSU, en tanto organización feminista, ha participado en la comisión honoraria de protección al trabajo sexual que funcionó en el MSP en torno al 2012 relevando el nivel de conocimiento de la ley en personas trans que ejercen trabajo sexual. Los resultados fueron muy desalentadores dado que la amplia mayoría no conocía lo establecido por la norma. Pero también detectamos un alto desconocimiento en el personal policial y de salud.

En dicho estudio, además, se pudo corroborar la falta de fiscalización y carencia de un sistema de información que permita valorar impacto y resultados de las medidas estipuladas por ley.

Es importante que Uruguay, que ha adoptado una vía regulacionista del ejercicio prostitucional con la promulgación de la ley 17515 en 2002, se proponga avanzar en la protección de los derechos humanos de quienes ejercen trabajo sexual, adquiriendo derechos laborales reconocidos por el Estado y la sociedad en su conjunto.

Las posturas abolicionistas adoptadas por otros países que cuestionan el sistema que reglamenta la prostitución, aunque se proponga no perseguir a quienes lo ejercen por considerarlas víctimas, no pudieron evitar la persecución y abuso policial en las y los trabajadores sexuales. Pero además no se ha logrado afectar ni erradicar el sistema prostituyente o de explotación sexual que sustenta prácticas delictivas y violentas. Por lo tanto, entender que la prostitución es un trabajo asalariado en personas mayores de 18 años que ofrecen servicios sexuales de manera voluntaria y libre de coerción externa es una forma seria y razonable de enfrentar la situación.

La industria del sexo es de las más redituables en el mundo y ha adoptado nuevas formas en su ejercicio con multiplicidad de variantes en la relación contractual por servicios sexuales que deben procurar siempre ser acordados de forma anticipada y sustentadas en el mutuo consentimiento de la negociación sexual entre personas adultas.

Esto no significa negar los problemas que están asociados como la mercantilización de la sexualidad sustentada en base a relaciones asimétricas de poder y viejos paradigmas de cosificación de la sexualidad femenina al servicio de la masculina. El concepto de la prostitución como mal necesario es lo que debe cambiarse para que pueda ser entendido y respetado como trabajo asalariado que puede profesionalizarse y asimilarse a otro tipo de servicios o trabajos existentes y quienes lo ejercen tener la protección con servicios y políticas públicas que les respeten en tanto sujetos de derecho.

Por eso es fundamental el cambio que introduce el proyecto de ley a estudio eliminando de la órbita del Ministerio del Interior el registro, trasladar a la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo que debe ser la regulación y protección laboral de quienes ejercen el trabajo sexual.

Esta es una demanda de larga data por parte de organizaciones de trabajadoras/es sexuales, así como de organizaciones sociales que bregamos por el respeto pleno de los DDHH sin exclusión ni discriminación de ningún tipo. El Registro de un trabajo lícito no debería estar en un ámbito que actúa ante condiciones ilícitas.

Por otra parte, muchas veces el personal policial desconoce las normas y no actúa acorde a la ley y desde quienes ejercen el trabajo sexual, los relatos de violencia, maltrato, abuso y hasta proxenetismo policial son reiterados. El Ministerio del Interior debe avocarse a la persecución y desmantelamiento de las redes delictivas vinculadas al ejercicio de quienes realizan trabajo sexual para protegerlas no para victimizarlas.

Se debe asimilar el trabajo sexual a otro tipo existentes de acuerdos laborales para prestación de servicios de forma tal de que la seguridad laboral esté garantizada, así como las condiciones en las que se ejerce. Controles de los establecimientos para que no existan condiciones abusivas y sanciones cuando no se respeta la reglamentación deben asegurarse porque de lo contrario todo el esfuerzo será en vano.

Que se cumpla lo que se estipula:

Hoy el carné sanitario es gratuito pero además la normativa sanitaria ha sido actualizada por el MSP en 2019 enfatizando que lo que debe procurarse es el derecho a la salud de quienes trabajan atendiendo su bienestar y no como originalmente se procuraba que era el control de la trasmisión de infecciones sexuales, exclusivamente.

En tal sentido es importante rescatar las nuevas pautas de salud orientadas a la atención integral dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, superando la concepción de policlínicas específicas que contribuían a sostener prácticas estigmatizadoras. La salud, incluida la salud sexual, debe indagar sobre la vivencia de la sexualidad, la importancia de los cuidados y de la prevención, se debe indagar sobre conocimiento de derechos, orientar para el acceso a la seguridad social y atender las enfermedades laborales propias del ejercicio del comercio sexual.

El carné de salud debería ser el mismo que se exige a cualquier otro trabajador/a, y en el campo de la salud ocupacional, incluir la prevención de los riesgos ocupacionales. Los diversos factores de riesgos deben incluir el ambiente donde se realiza el trabajo; los contaminantes (físicos, biológicos y químicos) involucrados en el ejercicio del servicio; los aspectos ergonómicos y la carga física (similar a otros trabajos que se realizan durante la noche); la carga psicosocial y la organización del trabajo, así como la seguridad en su ejercicio.

Se requieren soluciones estructurales, cambios culturales y políticas de Estado, por eso es tan importante que la normativa sea revisada, adecuada y armonizada a los estándares internacionales.

Las medidas necesarias para cambiar condiciones de abuso, maltrato y violencia que atraviesan a quienes deciden por esta forma de sustento son:

  • Fiscalización y contralor de los lugares de trabajo.
  • Formación y capacitación permanente del personal de los servicios involucrados.
  • Mejora en la accesibilidad a los servicios de quienes realizan trabajo sexual.
  • Difusión de derechos y normativas.

Seguridad social para quienes han ejercido y para quienes ejercen el trabajo sexual:

A pesar de que la normativa de 2007 Decreto 199 procuró canalizar la posibilidad de jubilarse y hubo la no aplicación de multas ni recargos hasta 2010 para presentarse, sigue existiendo una enorme mayoría de trabajadoras/es sexuales que no accedieron. Por eso podría considerarse una PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA, siguiendo criterios de las pensiones en general, para quienes tengan ingresos mínimos para la supervivencia del núcleo familiar, atendiendo las situaciones de quienes ya abandonaron el comercio sexual por la edad o por condiciones de salud.

Por otra parte, atendiendo las circunstancias del deterioro físico y limitaciones de edad que tiene el ejercicio del trabajo sexual, deberían asimilarse a TS con otros sectores donde no se requieren 60 años y 30 años de trabajo para poder jubilarse.

Sistema efectivo de recepción de denuncias y de protección y respuesta hacia quienes denuncian:

Cuando hay incumplimiento de las reglamentaciones o se violentan derechos de las TS ya sea por personal de salud, policial o de otros servicios, se debería asegurar una dependencia de RECEPCIÓN DE DENUNCIAS (escritas, digitales o telefónicas) que se encargue de instruir, seguir y sancionar procedimientos abusivos.

Campañas informativas sobre derechos de personas que realizan trabajo sexual y campañas públicas que procuren erradicar el estigma, la condena y la discriminación asociadas al trabajo sexual así como combatir la trata, el tráfico y la explotación sexual que muchas veces se relaciona.

Para que realmente los cambios normativos logren el propósito de proteger y asegurar derechos para quienes realizan trabajo sexual se debería:

  • Involucrar a quienes realizan trabajo sexual en las modificaciones que se procesen.
  • Defender derechos de quienes realizan trabajo sexual.
  • Ubicar en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la regulación del trabjo sexual.
  • Dotar de recursos humanos y financieros a los mecanismos e instancias de contralor y fiscalización del cumplimiento de los cambios normativos alcanzados.
  • Generar mecanismos efectivos de denuncia.
  • Sanciones para quienes incumplen y violentan derechos de quienes trabajan.
  • Campañas públicas.
  • Persecusión y combate a la explotación sexual de Niños, niñas y adolescentes.
  • Combate a la trata y tráfico con findes de explotación, incluida la sexual.

Lo esencial e importante es que todas las modificaciones que se conduzcan sean a favor y por la protección de los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual

Lilián Abracinskas

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