En 2013, a casi veinte años de realizada la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo (1994), 38 países de la región se reunieron en la ciudad de Montevideo para la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. En dicho encuentro se acordó un documento denominado Consenso de Montevideo, que brinda un marco de compromiso político en materia de población y desarrollo para los países firmantes.
Este documento incorpora las dimensiones de género, generaciones, etnia-raza (incluyendo afrodescendientes y pueblos indígenas) y medio ambiente y uso de los recursos naturales, como claves para el diseño de futuras medidas que se lleven adelante con el fin de lograr un desarrollo más pleno y justo para todos y todas.
El Consenso de Montevideo sirve de marco para el diseño de políticas públicas y como esquema para el monitoreo social y la incidencia política desde la sociedad civil organizada. En él, los derechos sexuales y reproductivos constituyen un elemento fundamental, y es por ello que se les dedica un capítulo entero (capítulo D).
Al ser un documento de avanzada, es utilizado como mapa de ruta para las organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de forma ineludible, en especial entrando en un proceso de desarrollo pos 2015 (pos Objetivos del Milenio), donde la agenda internacional, regional y nacional vuelve a revisarse y replantearse de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-2030).
Antecedentes y bases normativas
- El camino hacia el Consenso se fundamenta en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), que situó el bienestar humano y los derechos por encima de los objetivos demográficos cuantitativos (CEPAL, 2022a). Previamente, la región había acordado el Consenso Latinoamericano y del Caribe sobre Población y Desarrollo (México, 1993) (CEPAL, 2024, p. 6).
- En la reunión de Santiago de Chile (2010), el entonces Comité Especial de la CEPAL definió temas prioritarios para el bienio, como el envejecimiento, la salud sexual y reproductiva (con énfasis en la prevención del embarazo adolescente) y la visibilización estadística de pueblos indígenas y afrodescendientes (Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, 2010, p. 4-5).
Institucionalización y aprobación
- Quito (2012): Fue un hito organizativo donde se decidió que el “Comité Especial” pasara a denominarse Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (CRPD), otorgándole un carácter permanente y bienal (Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, 2012, p. 3). Se enfatizó la importancia del territorio como elemento clave para el desarrollo sostenible (Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, 2012, p. 8).
- Montevideo (2013): En la Primera Reunión de la CRPD, se aprobó formalmente el Consenso de Montevideo. Este documento se consolidó como la expresión regional del Programa de Acción de El Cairo después de 2014, reafirmando principios como la laicidad del Estado y la protección de grupos vulnerables (CEPAL, 2024, p. 5, 14-15).
Operacionalización y sinergia con la agenda 2030
- Ciudad de México (2015): Durante la Segunda Reunión de la CRPD, se aprobó la Guía Operacional para la Implementación y el Seguimiento del Consenso, vinculando sus medidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (CEPAL, 2019, p. 5).
- Lima (2018): En la Tercera Reunión de la CRPD, se examinó el proyecto del primer informe regional sobre la implementación del Consenso. Asimismo, se extendió el mandato del Grupo de Trabajo sobre Indicadores para finalizar los metadatos necesarios para el monitoreo regional (CEPAL, 2022b, p. 4; CEPAL, 2019, p. 5).
Fortalecimiento técnico y desafíos de la pandemia
- Santiago y Panamá (2019): Se avanzó en la definición de metadatos para 22 indicadores críticos y se presentó el prototipo de la plataforma virtual de seguimiento (CEPAL, 2019, p. 41; CEPAL, 2022a, p. 3).
- Periodo COVID-19 (2020-2021): Debido a la crisis sanitaria, la Cuarta Reunión de la CRPD se pospuso. En su lugar, se realizaron diálogos virtuales para analizar el impacto sociodemográfico de la pandemia en migrantes, afrodescendientes, personas mayores y con discapacidad (CEPAL, 2022b, p. 4-5).
- Santiago (2022): En la Cuarta Reunión de la CRPD (modalidad híbrida), se reafirmó el Consenso como base para la recuperación pospandemia. Se aprobó una resolución que establece un calendario de informes nacionales voluntarios cada cuatro años, buscando convergencia con los exámenes mundiales de la Agenda 2030 (CEPAL, 2022a, p. 6; CEPAL, 2022b, p. 2).
Entre los contenidos que ponen a este Consenso en un lugar de avanzada encontramos acuerdos como el de garantizar servicios de aborto legal para el combate de la mortalidad materna por aborto inseguro y el pleno respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; asegurar una canasta diversa de métodos anticonceptivos y garantizar su acceso a toda la población; incorporar la dimensión étnico-racial y generacional a las políticas en salud sexual y reproductiva (como parte de las políticas de salud en general) al igual que la situación de los/as migrantes, en especial mujeres; y profundizar los esfuerzos realizados hasta ahora en materia de educación sexual en todos los niveles de cada sistema educativo, en especial para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tomando como referencia los derechos sexuales y reproductivos.
El documento se estructura en diez capítulos temáticos e incluyó, en su primera versión, un capítulo de recomendaciones para la operacionalización.
| Título de capítulo | Descripción breve | Medidas destacadas |
|---|---|---|
| A. Integración de la población en el desarrollo sostenible | Busca asegurar que la dinámica demográfica se integre plenamente en la planificación del desarrollo y las políticas sectoriales (CEPAL, 2013, p. 18). | Incluyen la profundización de políticas para erradicar la pobreza (Medida 1) y el fortalecimiento de la institucionalidad pública encargada de los asuntos de población a escala nacional y subnacional (Medida 3) (CEPAL, 2024, p. 17-18). |
| B. Niñez, adolescencia y juventud | Reconoce a este grupo como sujetos de derechos y actores clave del desarrollo regional (CEPAL, 2013, p. 18). | Se destaca la garantía de una vida libre de violencia y pobreza (Medida 7), la implementación de la educación integral para la sexualidad desde la primera infancia (Medida 11) y la prioridad absoluta en prevenir el embarazo adolescente y eliminar el aborto inseguro (Medida 14) (CEPAL, 2024, p. 19-21). |
| C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos | Aborda las transformaciones generadas por los cambios en la estructura etaria de la población (CEPAL, 2013, p. 21). | Formular políticas con perspectiva de género para asegurar un envejecimiento de calidad (Medida 18), erradicar la discriminación y violencia hacia las personas mayores (Medida 22) e incluir el cuidado en los sistemas de protección social para maximizar la autonomía (Medida 31) (CEPAL, 2013, p. 24-26). |
| D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva | Propone el acceso a estos servicios como un componente esencial de la justicia social y los derechos humanos (CEPAL, 2013, p. 26-27). | Garantizar el acceso universal a servicios de calidad sin discriminación por orientación sexual o identidad de género (Medida 37) y asegurar la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad donde la ley lo permite, instando a los Estados a revisar su legislación para salvaguardar la vida de las mujeres (Medida 42) (CEPAL, 2013, p. 28-29). |
| E. Igualdad de género | Se enfoca en la autonomía de las mujeres y la eliminación de la división sexual del trabajo (CEPAL, 2013, p. 30-31). | Fortalecer los mecanismos institucionales para la igualdad (Medida 47), promover la paridad en los sistemas electorales (Medida 51) y reconocer el valor productivo del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado (Medida 54) (CEPAL, 2013, p. 32-33). |
| F. Migración internacional y protección de derechos humanos | Atiende a los desafíos de los países de origen, tránsito y destino bajo un enfoque de responsabilidad compartida (CEPAL, 2013, p. 35-36). | Brindar asistencia y protección integral a los migrantes independientemente de su condición migratoria (Medida 67) y evitar cualquier forma de criminalización de la migración (Medida 72) (CEPAL, 2013, p. 37-38). |
| G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad | Busca reducir las brechas territoriales que agravan las inequidades socioeconómicas (CEPAL, 2013, p. 38-39). | Promover el desarrollo y bienestar en todos los territorios con acceso universal a servicios básicos (Medida 77) y formular respuestas integrales a situaciones de vulnerabilidad ante desastres naturales (Medida 82) (CEPAL, 2013, p. 40-41). |
| H. Pueblos indígenas e I. Afrodescendientes | Exigen el respeto a los derechos colectivos y el combate al racismo estructural (CEPAL, 2013, p. 41-44). | Aplicar la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (Medida 85) y la Declaración de Durban para afrodescendientes (Medida 92), garantizando la no discriminación, la reducción de las desigualdades de ingreso y el acceso a la salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural (Medidas 87 y 95) (CEPAL, 2013, p. 43-45). |
| J. Marcos para la puesta en marcha | Establece los mecanismos para la agenda regional futura y el seguimiento técnico (CEPAL, 2024, p. 46). | Generar mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas (Medida 101) y mejorar la calidad de las fuentes de datos, como los censos y registros administrativos (Medida 102) (CEPAL, 2013, p. 47). |
| K. Recomendaciones de seguimiento | Este capítulo final adelanta sugerencias para la operacionalización del Consenso de Montevideo que se discutió y elaboró en reuniones posteriores a la aprobación del acuerdo (CEPAL, 2013). | |
Este proceso tiene su génesis en los antecedentes de las conferencias internacionales y regionales de Derechos Humanos de los 90, y ha representado una construcción de acuerdos entre países latinoamericanos y del Caribe durante más de dos décadas ya.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) elaboró una Guía Operacional para el Consenso de Montevideo que pretende ser el instrumento para dar seguimiento al cumplimiento de lo acordado entre los países firmantes. Este documento surge durante la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizada en Ciudad de México en 2015. La guía contiene una serie de indicadores y variables que han de ser medidos para relevar la situación de cada Estado firmante.
Partiendo de esta base es que MYSU se aboca a la realización del monitoreo social a través de su Observatorio Nacional en Género y SSR, y trabaja en conjunto con otras organizaciones en la labor de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por Uruguay y otros países de la región a la hora de firmar los acuerdos que recoge el Consenso de Montevideo.
Entre 2016 y 2020, MYSU integró la Comisión Sectorial de Población y Desarrollo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (CIP-OPP) de la Presidencia de la República, a través de su Plenario participativo que incorporaba a la academia y la sociedad civil. La CSPD fue responsable de dar seguimiento al Consenso en el país hasta ser reemplazada por la Comisión de Expertos en Política Poblacional, creada por el artículo 105 de la Rendición de Cuentas y Balance Presupuestario 2022, aprobada por la legislatura activa en 2023.
Cabe destacar que aunque el acuerdo goza de amplio consenso político, investigaciones de la sociedad civil en países como Uruguay señalan que todavía existe un desconocimiento significativo del documento entre los legisladores y la población en general, lo que dificulta su plena implementación (Mujer y Salud en Uruguay [MYSU], 2022).
Para obtener más información sobre el Consenso de Montevideo y estar pendiente de todos los avances que se hagan en este sentido, recomendamos visitar los sitios web de CEPAL, UNFPA y OPP.