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#UnGritoGlobal

Publicado el 28/09/2017

Este 28 de setiembre se revitaliza como un día de lucha por el derecho a decidir de las mujeres. Esta fecha clave, que comenzó a conmemorarse hace 30 años en América Latina, hoy es una campaña global que reivindica las condiciones para que todas las mujeres tengan acceso al aborto seguro, con calidad de atención y sin discriminaciones.

Cuba (en 1959), el Distrito Federal de México (2006) y Uruguay (2012) cambiaron sus leyes, que ahora contemplan el derecho a abortar dentro de los plazos estipulados por la ley. Chile recientemente también modificó su normativa y despenalizó el aborto bajo tres causales (la ley anterior, por cierto, había sido impuesta por la feroz dictadura de Pinochet y desde entonces, las mujeres que abortaban corrían el riesgo de ser encarceladas).

Las uruguayas estamos en mejores condiciones que muchas de nuestras congéneres de la región. Este ha sido el logro de la movilización y la lucha, iniciada por las organizaciones feministas, que construyó una amplia coalición de organizaciones sociales que no claudicaron hasta encontrar el contexto y la voluntad política para concretar el cambio en el Parlamento e implementar los servicios en la política pública.

A cinco años de esta conquista, queremos insistir en el reconocimiento a todos los actores que hicieron de Uruguay un país notable en la región por el avance registrado en la llamada nueva agenda de derechos.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública, desde que se puso en marcha la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), 40.000 mujeres han podido dejar el circuito clandestino para abortar en los servicios legales de IVE, dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Asimismo, hubo un avance en la inclusión de políticas de diversidad sexual y para la población adolescente. Y está en discusión la ampliación del abordaje a la problemática de la violencia de género y hacia las mujeres.

Pero la atención en aborto, sin embargo, aún tiene problemas. No se cuenta con recursos humanos suficientes para la universalidad del acceso; no solo porque hay profesionales de la ginecología que objetan conciencia en aborto, también faltan psicólogos y asistentes sociales para todos los servicios de salud sexual y reproductiva e IVE. Los servicios, además, no se brindan en todas las localidades. Frente a estos obstáculos muchas mujeres se ven obligadas a recorrer largas distancias para ser atendidas.

Tampoco reciben asistencia en aborto las inmigrantes con menos de un año de residencia, porque ellas no están contempladas en la ley. A su vez, MYSU no ha logrado identificar registro de mujeres que requieren abortos hasta las 14 semanas o sin plazo en las causales habilitadas por la ley.

Todo parecería indicar que el aborto clandestino persiste: los registros oficiales de abortos por año −8.513 en 2014, 9.362 en 2015, 10.000 en 2016− no coinciden con las prácticas clandestinas anuales que se estimaban previo a la implementación de la ley (ni con las cifras más conservadoras de 16.000 abortos, ni con los 33.000 calculados en 2003). En el mismo sentido, algunas las entrevistas a profesionales realizadas por el Observatorio de MYSU sugieren que las prácticas fuera del sistema de salud perduran.

En este escenario, es imperioso que se desarrollen estrategias de difusión y promoción de los servicios de salud sexual y reproductiva para que todas las mujeres que lo requieran accedan a los servicios, así como un mayor esfuerzo para que se rompa de una vez por todas con el estigma que acompaña esta práctica y que la ciudadanía se apropie de sus derechos.

Siempre supimos que la aprobación de la ley no era el final del recorrido. Sigue siendo un tema político vigente y los opositores nunca van a desistir en su empeño por obstaculizar la implementación de la normativa.

Por eso, una vez más, nos sumamos a esta campaña 28 de setiembre, Día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro. En el contexto del mes de la diversidad en Uruguay, volvemos a levantar la consigna forjada en 2012 en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en su mejor síntesis: “Por el orgullo de ser, el derecho a decidir”.