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Criminalizadas por decidir

Publicado el 25/03/2019

Latinoamérica es la región más restrictiva del mundo en cuanto a la penalización del aborto, así que, en comparación con los vecinos, las colombianas somos afortunadas porque desde el año 2006 el aborto fue reconocido como un derecho. En Colombia, desde hace 13 años, la interrupción voluntaria del embarazo es legal bajo tres causales: violación, malformación incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo pone en riesgo la salud física o mental de la mujer. Los embarazos y maternidades forzados siempre ponen en peligro la salud física y mental de las mujeres, adolescentes y niñas, su proyecto de vida y derechos fundamentales como el derecho a decidir cuándo y cómo tener una familia, al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana; es por esto que todas las interrupciones voluntarias del embarazo se enmarcan en la causal de salud mental. A pesar de que la Corte Constitucional ha reiterado que el aborto en Colombia es un derecho, sigue estando en el Código Penal por dos razones. La primera es que los abortos forzados (aquellos en los que la mujer o niña no elige abortar) deben mantenerse en el Código Penal y deben ser los únicos penalizados. La segunda es que los grupos antiderechos han bloqueado los intentos de reglamentar el derecho al aborto para crear confusión y ambigüedad en el personal médico, judicial, la policía y las ciudadanas.

Con frecuencia nos aterramos por los casos de encarcelamiento por aborto en países como El Salvador, en donde hasta los abortos espontáneos están criminalizados; pero no somos conscientes de que la criminalización es una práctica cada vez más extendida en países como Argentina, Ecuador, Perú, Chile y también Colombia. Según el informe “Muerte o cárcel: persecución y sanción por aborto”, publicado por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai) en octubre de 2018, en Colombia “la mayoría de los procesos por delitos de aborto corresponden a mujeres que acudieron a los servicios de salud a solicitar atención por abortos en curso, posaborto o por complicaciones seguidas de un aborto que fueron denunciadas o reportadas por el personal de salud a la policía judicial”. La gran mayoría de estas denuncias son hechas por el personal de salud de las instituciones encargadas de brindar atención posaborto, violando el secreto profesional y la intimidad de las pacientes, incluso en casos que habrían sido legales dentro de las tres causales, como son la mayoría. Este contexto hostil hace que las mujeres y niñas recurran “a servicios clandestinos, principalmente por el desconocimiento de sus derechos y del marco legal, la negación o la dilación injustificada de los servicios y la estigmatización, discriminación, la violación a la intimidad y la violencia obstétrica”, que están obligando a un sinnúmero de mujeres a recurrir a abortos inseguros que ponen en riesgo sus vidas.

Según la Fiscalía General de la Nación en Colombia, hasta abril de 2016 se habían abierto 1.143 investigaciones por delito de aborto. Según el informe “Cárcel o muerte: el secreto profesional como garantía fundamental en casos de aborto”, publicado por Dejusticia en julio de 2018, “entre los años 2005 y 2016 la Fiscalía había iniciado 4.779 investigaciones por el delito de aborto, y 1.331 de estos casos se habrían conocido a través de denuncia; para febrero de 2017, 1.604 investigaciones se encontraban activas, se habían dictado 200 sentencias condenatorias y 14 absolutorias”. Lo peor es que la mayoría de estas denuncias son por abortos voluntarios. Las denuncias que involucran abortos forzados son apenas una fracción; por ejemplo, según el sistema de información de la Policía Nacional, “durante los años 2015 y 2016 se habían reportado 236 denuncias por el delito de aborto y 22 por el delito de aborto sin consentimiento”.

Reconocer la dignidad humana es garantizar a cada persona la libertad de elegir su proyecto de vida, es entender que las mujeres, niñas y adolescentes sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas y que nuestras vidas valen en sí mismas, no solo en tanto cuerpos gestantes con la capacidad potencial para parir personas. Las mujeres que eligen abortar están eligiendo la vida, su vida, y no puede ser que el castigo por ejercer sus derechos fundamentales sea la maternidad forzada, la cárcel o la muerte, y menos en un país como Colombia, en donde la legalidad está de nuestra parte. La despenalización social del aborto en Colombia es urgente para salvar nuestras vidas.

Fuente: El Espectador (Colombia).