CONFERENCIA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO.

Solo cumple 51% de expectativas por violencia de género.

Si las garantías de los derechos sexuales y reproductivos se clasificaran con los colores del semáforo, Uruguay sería uno de los tres países de América Latina que estaría en verde. De hecho solo Cuba lo supera en la clasificación regional. Pero, advierten desde la sociedad civil, Uruguay “está bien” en los papeles y no necesariamente en lo que ocurre en el terreno.

Es que las leyes están, también los programas, pero faltan los recursos, la publicidad y la rendición de cuentas que permitan que esos textos tengan un impacto en la gente, explicó Lilián Abracinskas, la directora de la ONG Mujer y Salud Uruguay. Como ejemplo, dijo, en diciembre del año pasado se aprobó la ley integral de violencia de género “pero no se le asignó ni un solo peso para su real aterrizaje”.
La violencia de género es, en la práctica, el parámetro en el que Uruguay está peor posicionado. Según el monitoreo regional que presentó este lunes el colectivo Mira que te Miro, en el marco de la Tercera Conferencia Regional de Población y Desarrollo, el país apenas cumple con el 51% de las expectativas que se tiene para esta temática.

La falta de presupuesto y de una coordinación institucional hacen que en el tema de atención a las víctimas de violencia de género Uruguay esté por debajo del promedio regional, con valores muy similares a Perú y Venezuela; y muy lejos de Brasil que es el ejemplo de la zona.

Pero incluso las buenas noticias, como la baja de la tasa de embarazos en adolescentes durante tres años consecutivos, abren algunas dudas. “No sabemos si la baja solo se explica porque las chicas acceden a los implantes subdérmicos (anticonceptivos hormonales) o porque hay una política más amplia y duradera”, señaló Abracinskas.

Balance.

Esta semana los representantes de la región debaten en la capital peruana cuánto se ha avanzado en el llamado Consenso de Montevideo. Resulta que en agosto de 2013, cuando el presidente de la República era José Mujica, Uruguay fue la sede de la primera conferencia regional de población. Fue entonces que se estableció una serie de “medidas prioritarias”, la hoja de ruta “más progresista” del mundo.
Un lustro después, sin embargo, a los países se les está haciendo cuesta arriba autoevaluarse y, aún más grave, en muchos casos siquiera están las cifras para evaluar algunas de las medidas prioritarias fija- das en aquella conferencia de Montevideo.

La inmediatez de las cuestiones coyunturales, como el empleo, la seguridad y la corrupción, han sido la tónica de la región durante estos años y, según Abracinskas, se dejó de lado “algo tan elemental como los derechos de los niños, niñas, niñes (sic) y adolescentes”. ¿En qué se nota? Es que nadie cuestiona “el derecho a la seguridad cuando se habla de delincuencia”, pero los derechos sexuales y reproductivos “siempre están en tela de juicio”.

Distintos colectivos de la sociedad civil que dijeron presente en la conferencia de Lima, advirtieron del “avance de grupos conservadores, religiosos y antigénero que están pidiendo excluir de los programas escolares la educación sexual”. Esto, según Abracinskas, va contracorriente de las políticas que los gobiernos (de todos los partidos) buscan instaurar en la región.

“El principal factor para reducir la fecundidad es la educación (incluida la sexual) porque mujeres educadas tienen el número de hijos que les permita conciliar otros proyectos de vida además de ser madre”, dijo la militante. Ejemplo de ello es que las universitarias de la región tienen un solo hijo y han deseado tener esa cantidad, mientras en las mujeres más empobrecidas son más los hijos y menos el deseo, calculó la Cepal.

En los años 60 se pretendió bajar la fecundidad “compulsivamente”, a través de políticas de control natalista. Políticas que, según el movimiento feminista, fueron “violatorias de derechos con la esterilización masiva a mujeres pobres, negras e indígenas”. Y aun así, esos instrumentos “no lograron reducir la fecundidad”. Ahora América Latina “ha alcanzado la transición promoviendo políticas de educación, integración masiva al mercado de trabajo y políticas de igualdad de oportunidades dirigidas particularmente a las mujeres”.

El gobierno no destinó recursos en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas para financiar la ley de violencia basada en género.

De todas maneras, buscan mecanismos para que sí se le pueda adjudicar dinero. El Poder Judicial insiste en pedir casi $ 1.000 millones para poner a marchar “mínimamente” la ley de violencia de género, el Ejecutivo no tiene esos recursos.

Región “cosecha desilusiones”

Lo que en 2013 fue una ilusión, fruto de un acuerdo regional en Montevideo, hoy “desilusiona” a las organizaciones sociales latinas que se congregaron esta semana en Perú.

“De México a Argentina, pasando por Centro-américa, los femicidios y los crímenes de odio basados en homo/lesbo/transfobia se han incrementado, los Acuerdos de Paz en Colombia no avanzaron hacia la superación de la guerra, continúa el éxodo venezolano por la crisis económica y política, las graves violaciones de derechos humanos, tienen hoy su rostro más impune en Nicaragua, con decenas de personas asesinadas, desaparecidas y perseguidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Se han ido naturalizando en la región, ataques de todo tipo a líderes sociales y asesinatos de defensoras de derechos humanos y territorios; que se acentúan cuando persiste impunidad y complicidad entre Estado y sector privado”, reza la declaración del Foro Social de Lima la que accedió El País.

No obstante, y aunque se trate de la región “más desigual” del mundo, unas 250 feministas reivindicaron su compromiso de extender “la marea verde” por toda América Latina. Hacen referencia al color acuñado en Argentina en defensa de la despenalización del aborto y que el Foro Social quiere exportar a todo el continente.

Ver nota aquí.