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Aborto: Uruguay, un espejo para el debate en Argentina

Publicado el 16/11/2020

Medio: Página12 – Argentina

Escribe: Mariana Carbajal

La ILE se implementó en 2013. Los últimos registros muestran que empezaron a bajar los casos de abortos legales. Y es muy baja la mortalidad materna. El impacto social que tuvo la ley.

En siete años de implementación de los servicios de la ley de interrupción legal de embarazo en Uruguay solo se registró una muerte por aborto en el sistema de salud por una complicación quirúrgica. “Fue la única que se registró en estos años. Y la mortalidad materna se mantiene extremadamente baja: estamos en el segundo lugar en América, después de Canadá. Tenemos unas 14 muertes cada 100 mil recién nacidos vivos”, precisó a Página/12 Leonel Briozzo, profesor titular de la Clínica de Ginecología A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, jefe de la Maternidad del Hospital Pereira Rossell, el más importante del país, e integrante del comité de Ética de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Briozzo fue quien tuvo en sus manos la implementación de la ley que despenalizó y legalizó el aborto a partir de 2013 en el país vecino. Era en ese momento subsecretario del Ministerio de Salud Pública del gobierno del presidente José “Pepe” Mujica. Argentina tiene una mortalidad materna que casi triplica la de Uruguay: el último registro oficial correspondiente a 2018 mostró que durante ese año del gobierno de Mauricio Macri volvió a haber un incremento –había descendido en 2017– y se ubicó en 37 cada 100 mil nacidos vivos. “Las IVE se producen por vía medicamentosa en su amplia mayoría: 95 por ciento. De las mujeres que abortaron, 86 por ciento se fue con método anticonceptivo en la consulta de control post-aborto”, destacó Lilian Abracinskas, activista feminista y directora de Mujer y Salud en Uruguay, ONG con larguísimo recorrido en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Los registros oficiales del último año muestran que empezaron a bajar la cantidad de abortos legales, reveló Briozzo.

La experiencia en Uruguay es una interesante muestra que deberían analizar las y los legisladores argentinos que se aprestan a decidir si votan por el aborto clandestino y siguen empujando a las mujeres a morir por esa causa evitable o eligen un modelo de salud pública que contempla los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos. En Uruguay el aborto dejó de ser una práctica en la que se puede perder la vida. En Argentina, desde la recuperación democrática, más de 3000 mujeres murieron como consecuencias de complicaciones por prácticas de interrupción de embarazo clandestinas. La última estadística oficial disponible registró 35 muertes por aborto en el país, una cifra que, incluso, podría tener subregistro.

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Un aspecto que Abracinskas señala que funcionó como obstáculo para el acceso al aborto legal ha sido el número de profesionales de la salud que se declararon objetores de conciencia, en el marco de la ley. Y dos instituciones, el Círculo Católico y el Hospital Evangélico, que hicieron “objeción de ideario”, otra de las opciones que habilita la norma. “Tenemos lugares del país con 100 por ciento de objetores y departamentos con más de 60 por ciento de profesionales que rechazan brindar el servicio, aludiendo razones de valores filosóficos o religiosos. Esto implica que las mujeres que viven en esas localidades con 100 por ciento de objetores tiene que trasladarse largas distancias para acceder a la medicación para la IVE”, explicó. En ese sentido, y en vistas del debate en Argentina, sugirió “encontrar un justo equilibrio” porque “muchas veces en Uruguay se demostró que la objeción de conciencia se usa como desobediencia civil” al cumplimiento de la ley, “para no complicarse profesionalmente porque el estigma sobre el aborto sigue vigente particularmente en localidades chicas del interior del país”.

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