Consenso de Montevideo

Consenso de Montevideo

En 2013, a casi veinte años de realizada la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo (1994), 38 países de la región se reunieron en la ciudad de Montevideo para la I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. En dicho encuentro se acordó un documento denominado Consenso de Montevideo, que brinda un marco de compromiso político en materia de población y desarrollo para los países firmantes.

Este documento incorpora las dimensiones de género, generaciones, etnia-raza (incluyendo afrodescendientes y pueblos indígenas) y medio ambiente y uso de los recursos naturales, como claves para el diseño de futuras medidas que se lleven adelante con el fin de lograr un desarrollo más pleno y justo para todos y todas.

El Consenso de Montevideo sirve de marco para el diseño de políticas públicas y como esquema para el monitoreo social y la incidencia política desde la sociedad civil organizada. En él, los derechos sexuales y reproductivos constituyen un elemento fundamental, y es por ello que se les dedica un capítulo entero (capítulo D).

Al ser un documento de avanzada, es utilizado como mapa de ruta para las organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de forma ineludible, en especial entrando en un proceso de desarrollo pos 2015 (pos Objetivos del Milenio), donde la agenda internacional, regional y nacional vuelve a revisarse y replantearse de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-2030).

Entre los contenidos que ponen a este Consenso en un lugar de avanzada encontramos acuerdos como el de garantizar servicios de aborto legal para el combate de la mortalidad materna por aborto inseguro y el pleno respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; asegurar una canasta diversa de métodos anticonceptivos y garantizar su acceso a toda la población; incorporar la dimensión étnico-racial y generacional a las políticas en salud sexual y reproductiva (como parte de las políticas de salud en general) al igual que la situación de los/as migrantes, en especial mujeres; y profundizar los esfuerzos realizados hasta ahora en materia de educación sexual en todos los niveles de cada sistema educativo, en especial para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tomando como referencia los derechos sexuales y reproductivos.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) elaboró una Guía Operacional para el Consenso de Montevideo que pretende ser el instrumento para dar seguimiento al cumplimiento de lo acordado entre los países firmantes. Este documento surge durante la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizada en Ciudad de México en 2015. La guía contiene una serie de indicadores y variables que han de ser medidos para relevar la situación de cada Estado firmante. En 2016, esta guía se encuentra en proceso de revisión por las partes implicadas y CEPAL, con el objetivo de elaborar un documento final.

Partiendo de esta base es que MYSU se aboca a la realización del monitoreo social a través de su Observatorio Nacional en Género y SSR, y trabaja en conjunto con otras organizaciones en la labor de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por Uruguay y otros países de la región a la hora de firmar los acuerdos que recoge el Consenso de Montevideo.

En esta misma línea es que, desde 2016, MYSU integra la Comisión Intersectorial de Población y Desarrollo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (CIP-OPP) de la Presidencia de la República, que se encarga de dar seguimiento al Consenso en el país.

Para obtener más información sobre el Consenso de Montevideo y estar pendiente de todos los avances que se hagan en este sentido, recomendamos visitar los sitios web de CEPAL, UNFPA y OPP.